Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, y la consejera de la presidencia andaluza, Mar Moreno, al término de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado.
La cuantificación inicial hecha por la Junta corresponde a desviaciones por valor de 670 millones en el ejercicio 2008 y 702 millones en el ejercicio 2009 y ahora esos datos serán verificados por el ministerio de Economía y Hacienda.
“La Junta de Andalucía hace siempre bien las cuentas y por eso estamos convencidos de que esas cifras reflejarán muy de cerca la cantidad definitiva”, ha indicado.
Además, ha puesto de relieve que el Gobierno, al igual que sucedió con Cataluña, cumple con su obligación en lo que se refiere a las obligaciones fijadas en los estatutos de autonomía.
La transferencia de este capital cubriría el déficit de inversión del gobierno en infraestructuras en Andalucía, en virtud de lo establecido en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía que fijaba la inversión del Estado en función del porcentaje de población (17,8%).
Por su parte, la consejera andaluza ha hecho hincapié en que su Gobierno es “perfectamente consciente” del momento de dificultades presupuestarias por el que están pasando todas las administraciones, incluido el Gobierno central y, por eso, no pide que se invierta más en Andalucía, sino que las inversiones sean “equilibradas”.
“Sabemos que la crisis ha aminorado las inversiones, pero no ha derogado el Estatuto de Andalucía, que fija una inversión del 17,8 por ciento de lo que se haya invertido en España”.
Otro de los temas tratados durante la reunión ha sido la cesión de la titularidad de edificios de la Seguridad Social a Andalucía, en virtud de una iniciativa aprobada el pasado verano por el gobierno central.
La consejera andaluza ha trasladado al Gobierno una lista con 185 edificios susceptibles de ser cedidos a la Junta, entre ellos el Hospital Virgen del Rocío o el Hospital de la Macarena.
Andalucía ha expresado su interés por ser titular de los inmuebles de la seguridad social, y otros cuyos servicios viene desarrollando la junta desde hace años.
Un grupo de trabajo determinará a lo largo de los próximos seis meses cuáles son los inmuebles que finalmente serán transferidos a la Junta de Andalucía.
La Comisión Bilateral también ha tratado las modificaciones que se pretenden hacer desde el Gobierno central.
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