El juez de instrucción 4, que tramita una denuncia de la Fiscalía sevillana, ha tomado hoy declaración como imputado a Fernández y, a la vez, ha archivado la causa respecto a su compañera de partido Nieves Hernández, que le sustituyó al frente de la delegación de Seguridad y Convivencia en julio de 2007, ya que según la declaración del imputado ella "no tomó ninguna decisión en estas cuestiones".
En el texto de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Fernández sostiene que en 2006 se decidió adquirir nuevas vehículos para los Bomberos, que tenían una carestía de medios que hizo que se convocara el "plan de pre-emergencia".
Por la misma razón de urgencia, según Fernández, no se elaboró un pliego de condiciones ni se dictó una resolución previa del Ayuntamiento sobre la necesidad de adquirir dichos equipamientos.
El total ascendió a 600.000 euros, y según Fernández él mismo decidió obtener dicha cantidad de un remanente que el Ayuntamiento iba a recibir de lo que la Unión de Compañías Aseguradoras UNESPA debe destinar a cada corporación.
La primera denuncia por estos hechos fue interpuesta por el Sindicato Profesional de Bomberos (SPB), a cuyo abogado Fernández se ha negado hoy a contestar pese a que el juez ha declarado todas las preguntas "pertinentes".
Según Fernández, el Ayuntamiento encargó los equipamientos adicionales a la empresa que se estaba encargando del carrozado, esto es, de la fabricación de los vehículos, que era Mercedes Benz, y fue ésta última quien recomendó que fuera la empresa "Protecfire", del Grupo Iturri, la que se encargara del montaje de dicho equipamiento durante la fabricación de los vehículos.
"Considerando la cercanía de las dependencias de esta empresa al municipio de Sevilla, permitía hacer un seguimiento del montaje de los equipos", según el exconcejal, quien ha insistido en que si Mercedes hubiera recomendado otra empresa, ella hubiera sido la elegida.
Según la explicación de Fernández, "si un responsable público debe trabajar para el interés general y transmitir confianza a la ciudadanía, considera que con esta decisión la consiguió", pues desde entonces "no se ha producido ninguna reivindicación acerca de carencias o deficiencias en los medios del parque de bomberos y la presión social ha desaparecido desde la recepción de los nuevos vehículos".
"Desde el punto de vista económico, no supuso ningún perjuicio para el Ayuntamiento" porque el precio abonado se ajustó "al céntimo" a lo que recoge el catálogo del Ministerio de Industria", ha afirmado.
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