El coordinador del área de Minería de Ecologistas en Acción en Andalucía, Antonio Ramos, remitió el pasado 1 de agosto una petición a la nueva delegada provincial de Economía, Innovación y Ciencia, María José Asensio, para que permita, en virtud a la Ley 27/2006, tener acceso a toda la información del expediente administrativo de Emed Tartessus, que pretende reabrir Minas de Riotinto a pesar de que no ha demostrado solvencia económica y de las denuncias por vertidos de aguas ácidas a cauce público, cuyo expediente se abrió hace un año, el 6 de agosto, pero que aún no ha sido resuelto por la Junta, ni por la Delegación ni por la extinta Agencia Andaluza del Agua.
Ramos insiste en que el interés de Ecologistas en Acción es exigir el cumplimiento de las leyes, las mineras y las medioambientales, dada la falta de solvencia que han podido observar en la forma de proceder de Emed. Si la Delegación no les permite acceder a la información, solicitarán el amparo del Defensor del Pueblo.
De hecho, en el escrito, al que ha tenido acceso este medio, se pone en cuestión la capacidad económica de Emed aportando los propios datos que ofrece ésta en la Bolsa de Londres, de los que se desprende que han registrado pérdidas en los últimos cuatro años (hasta alcanzar los 51 millones de euros) mientras que han ido incrementando de forma progresiva los sueldos de sus directivos, hasta alcanzar los 2,11 millones de euros en 2010.
También cuestiona los valores de calidad del cobre que maneja Emed puesto que difieren de los que manejaban anteriores ingenierios de minas y la empresa anglo-chipriota no ha realizado sondeos como para determinar el volumen ni la ley de corte. Igualmente, cuestiona el empleo que hipotéticamente se crearía (400 directos y 1.200 indirectos), puesto que los estudios de los economistas determinan que la proporción de creación de empleo en minería es de dos indirectos por cada empleo directo.
Otro ejemplo de la incapacidad que han manifestado desde Emed Tartessus para abordar la reapertura de la mina es el propio estado de conservación de las instalaciones, que consideran imposible que pueda abrir de forma inmediata; el desconocimiento de la planta y la propia mina tras el despido de la plantilla con experiencia que trabajaba inicialmente; y los reiterados episodios de vertidos de aguas ácidas a cauce público, que llevan aparejados más de 12 millones de euros en multas e indemnizaciones.
En este punto Ramos es especialmente crítico, no sólo con Emed sino también con la propia Administración andaluza: “¿Qué hace la Agencia Andaluza del Agua con los expedientes? ¿Y el director general de Dominio Público Hidráulico (Javier Serrano)? ¿Se van a ir cómo lo hizo Boliden?”, se pregunta indignado el responsable de Minería de Ecologistas.
Vertidos a cauce público
En el escrito, la organización conservacionista recuerda que ya hay tres denuncias acumuladas contra Emed por vertidos de aguas ácidas a cauce público y que el expediente sancionador que se inició el 6 de agosto del pasado año aún no ha sido resuelto. A pesar de que estuvo paralizado mientras estaba abierta la vía penal en un juzgado de Valverde (que fue archivada), Ramos insiste en que cuando ocurren los desastres ecológicos “son irrecuperables” y que es necesario no sólo que el que contamine pague sino que también restituya lo afectado.
Especialmente crítico se mostró con el “calamitoso” estado de las presas de estériles. De hecho, con respecto a los episodios de vertidos a cauce público, el escrito cuestiona que no se derivaran a la Corta Atalaya si no había capacidad para bombearlas al estar la planta inactiva o que no hayan invertido en diluir el ph mediante espesadores. “Si Aguzadera se va, se van las tres”, afirma con rotundidad Ramos para insistir en el importante riesgo de catástrofe ecológica que se ha estado viviendo en las presas de estériles de Minas de Riotinto.
Para ilustrar además la incapacidad de Emed para afrontar el peligro ambiental que supone el estado de las presas, se remite a las alegaciones que realizó la empresa anglo-chipriota cuando se incoó el expediente sancionador por parte de la Delegación de Economía, Innovación y Ciencia, que tras ser ampliado alcanza una cuantía de 12 millones de euros.
En sus alegaciones, firmadas por Tara Wales en representación de Emed, la empresa aducía a la contaminación “natural” de la cuenca del Odiel para justificar que “no hubo un vertido contaminante que deteriore ninguna situación anterior” o que negaran que alcanzaran el dominio público hidráulico porque los vertidos “fueron al canal perimetral, que es privado”, cuando éste sí que vierte a cauce público.
De la prepotencia a la inacción
“Del proceder de Emed da la sensación de que piensan que estamos en el centro de África”, dice Antonio Ramos para intentar resumir la falta de solvencia que presenta su proyecto de reapertura de Minas de Riotinto, que recuerda que hasta los propios directivos reconocían públicamente que estaban buscando comprador. “Si se van, seguro que a los tres días aparecen otros interesados”, reflexiona Ramos para apuntar que en el momento actual, si le dieran los permisos, lo primero que tendrían que hacer es pagar los 12 millones por los vertidos de aguas ácidas.
No es menos crítico con la “inacción” de la Administración autonómica, tanto por la ausencia de un expediente real de de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, como por la falta de resolución de la Agencia Andaluza del Agua desde que empezaron las denuncias. “La Agencia Andaluza del Agua ha desaparecido pero los directivos siguen siendo los mismos”, dice.
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