En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez instructora, en un auto notificado a las partes, considera que esta prueba es "lícita" y rechaza de este modo la petición planteada por la representación jurídica de Fernando Mellet, imputado en este procedimiento junto al exdirectivo del merca Daniel Ponce, el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, y la que fuera coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla María Regla Pereira.
En su escrito de defensa, el abogado de Mellet argumentaba que "las grabaciones efectuadas y aportadas al procedimiento carecen de valor probatorio resultando nulas, y por ende, igualmente nulas sus transcripciones, las declaraciones de los testigos, y de todos los que hubieran declarado con conocimiento directo o indirecto de las mismas", añadiendo que estas grabaciones "se efectuaron malintencionadamente y como un ardid dirigido a obtener una serie de informaciones de forma provocada".
Así, el letrado de Mellet agregaba que "dicha provocación comporta que el agente grabador se coloque en una situación despareja respecto de la persona que es grabada, quien actúa de forma absolutamente desprotegida, arrancándole de modo torticero las expresiones, no despojándose de sus manifiestaciones de modo espontáneo y libre", y añadía que los empresarios "provocaron la grabación". Tras ello, la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, decidió suspender la convocatoria de la audiencia preliminar para que las partes se pronunciaran sobre la nulidad planteada.
Así, la Fiscalía se opuso a la solicitud del letrado de Mellet al entender que "ninguna indefensión se ha provocado" al acusado con estas grabaciones por parte de los empresarios del grupo La Raza, aseverando que "si se escuchan tales grabaciones, se observa que se trata de manifestaciones espontáneas por parte de los acusados, sin que haya incitación o provocación alguna por parte de quien realiza la grabación para que los acusados --Mellet y el exdirectivo del merca Daniel Ponce-- manifiesten sus intenciones".
Al hilo de ello, el fiscal muestra su sorpresa por esta petición de nulidad "en el presente momento procesal, máxime cuando se alega una indefensión", y señala que, "de todos modos, de la lectura de las actuaciones practicadas se desprende que Mellet nunca ha manifestado en sus declaraciones en sede policial ni en las hechas en la Fiscalía, en las que reconoció su participación en la conversación grabada, que se les haya causado indefensión alguna con la grabación de su conversación con los representantes" del grupo La Raza.
"ALEGACIÓN DE DEFENSA SIN SOPORTE ALGUNO"
"Es más, nunca han manifestado, en las mismas declaraciones, que se les haya 'provocado ni inducido' a realizar ninguna de las manifestaciones por ellos vertidas en tales grabaciones, siendo las alegaciones de la defensa de Mellet sobre el 'mal actuar' de los citados empresarios una simple alegación de defensa sin soporte alguno", asevera el fiscal, tras lo que recuerda que Mellet, en sede policial, reconoció "íntegramente" el contenido de las escuchas así como la identidad de las personas que en la misma se citan.
En esta línea, recuerda igualmente que, ya en la Fiscalía, el exdirector general del merca "ratifica la declaración prestada ante la Policía" así como "que no escuchó grabación alguna en dicha declaración con la excepción de dos pequeños trozos en los que reconoció la voz de Ponce y la suya propia". Además, en esta misma declaración, Mellet señaló que "quería hacer constar que en la conversación se hablaba en tono muy coloquial y hasta con expresiones burdas y en sentido figurado".
Por todo ello, "y sin perjuicio de que la grabación como prueba documental sea objeto de valoración sobre su contenido y por tanto sobre las manifestaciones en ella vertidas por los acusados, su sentido exacto y su finalidad delictiva o no", el fiscal se opone a la nulidad de las grabaciones por entender que "ninguna indefensión se ha provocado" a Mellet por parte de los empresarios.
PRESUNTO COHECHO
Hay que recordar que, dentro de esta causa, que será enjuiciada por un jurado popular en una fecha aún por concretar, la Fiscalía reclamó sanciones de 900.000 euros y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho para cada uno de los cuatro acusados, como son Mellet, Ponce, el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, y la que fuera coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla María Regla Pereira
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