El ente comarcal se escudó con este argumento de la denuncia hecha pública ayer por este diario, asegurando que “en ningún caso se realizan vertidos de lixiviados por parte de Urbaser a cauce público, a no ser que sobrevenga un accidente o sabotaje”.
En este sentido, la institución ratificó la información relativa al incremento de inspecciones realizadas en las últimas fechas por agentes del Seprona, especificando que “se han realizado por parte de la Guardia Civil muchas más inspecciones de lo habitual, motivadas por denuncias anónimas, que posiblemente están originadas por problemas sociolaborales del centro y que no han derivado en sanción alguna contra Urbaser”.
El ente especificó que, si bien es cierto que el Seprona ha levantado acta de denuncia por vertidos de lixiviados en algunas de estas inspecciones, ninguna ha derivado hasta la fecha en una sanción a Urbaser.
De hecho, afirman que “sólo se han dado dos casos de vertidos de lixiviados en la historia de la explotación. En el primer caso, acontecido el 15 de octubre de 2010, no se sancionó a Urbaser, puesto que el vertido fue mínimo y se establecieron las medidas correctoras oportunas. Se constató además por parte de los técnicos de Medio Ambiente la posibilidad de sabotaje”.
Mancomunidad insiste en esta tesis en relación a la denuncia realizada hace dos meses por la Guardia Civil sobre el vertido de lixiviados en el arroyo, que conduce a la desembocadura del río Palmones, hecho público a través de este diario.
Así, señala que en este vertido, “también con resultados de daños mínimos, la empresa Urbaser ha denunciado el sabotaje de sus instalaciones”. En concreto, apuntan al corte de una tubería de lixiviados como origen del vertido, y señalan al vídeo que se encuentra en la página web de este diario con las imágenes del vertido en el arroyo, resaltando que la fecha del mismo coincide con la del presunto sabotaje.
Además, la institución comarcal resaltó que, con frecuencia trimestral, se realizan por entidades autorizadas y externas a Urbaser analíticas e inspecciones superficiales y subterráneas, dentro y fuera de las instalaciones, poniendo de manifiesto que “de los resultados de las mismas nunca se ha determinado que la actividad realizada por la instalación tenga afección alguna contra el medio ambiente”.
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