Griñán, que ha presidido en Granada la presentación de la memoria de 2010 del Consejo Consultivo de Andalucía, ha manifestado que la complejidad del contexto social y económico exige "un esfuerzo en la elaboración de normas" que han de responder a las necesidades ciudadanas, y ha indicado que la administración está centrada en combatir los efectos de la crisis, especialmente el desempleo.
Por otra parte, y al hilo de una reflexión del presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, Griñán ha defendido una regulación de la economía y una "política económica".
"La economía no solo ha invadido el territorio y la capacidad de actuación de la política, sino que más lamentablemente aún, se ha desembarazado también del derecho al perseguir y conseguir una desregulación de la que nada justo puede llegar a producirse".
Griñán ha defendido un nuevo modelo de crecimiento a largo plazo para Andalucía, a lo que van dirigidas, ha dicho, las iniciativas legislativas impulsadas por la Junta, convencido de que fortalecer los sectores clave es "la base más sólida para ganar el futuro".
Durante su intervención, en la que ha calificado al Consejo Consultivo como "el guardián de la autonomía institucional", se ha referido a algunas de esas iniciativas y reformas como la del sector público con la aprobación de ocho agencias empresariales.
Tras admitir que ha sido "un año difícil" en la relación entre el Gobierno y los empleados públicos, ha garantizado que las potestades públicas trasladadas a las agencias empresariales serán ejercidas "en su totalidad por personal funcionario".
Ha citado también las iniciativas vinculadas a la educación, al sector agroalimentario y a la agilización de los trámites administrativos para señalar que el camino hacia la sostenibilidad solo depende de la capacidad de restablecer un "equilibrio dinámico entre las dimensiones económica, social y medioambiental".
Previamente intervino Cano Bueso, quien se ha referido a la actividad del Consejo Consultivo para señalar que el hecho de que solo el 4 % de las resoluciones administrativas se aparten de lo que este organismo ha dictaminado supone que existe "una sintonía básica en el ajuste a la legalidad de los comportamientos administrativos".
Ha abogado por la adopción de medidas precisas para evitar que "la multiplicación de entes instrumentales de la administración obligue a los interesados a formular tantas reclamaciones -por ejemplo en el ámbito sanitario- como entes con personalidad jurídica hubieran intervenido para la prestación de un mismo servicio".
Cano Bueso también se ha referido a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir para considerar que Andalucía "no ha sido tratada con ecuanimidad" y ha sufrido "el rigorismo jurídico que la presión política y mediática había reclamado para el Estatuto de Cataluña".
"No se nos ha tratado con igualdad -ha opinado Cano Bueso- y no se ha realizado esfuerzo alguno para encontrar una interpretación del precepto conforme a la Constitución", a lo que se ha referido Griñán con posterioridad para manifestar que la Junta acatará la sentencia del Tribunal Constitucional y hará "todo lo posible por cumplirla en los términos que nos permite la legislación vigente".
En cuanto al debate suscitado en torno a la creación de las agencias públicas, Cano Bueso ha dicho que para una "prestación eficaz" de los servicios no puede existir "intercambiabilidad entre los puestos de funcionario y los puestos de laboral".
El presidente del órgano consultivo ha reflexionado también en su discurso sobre la "mundialización del capitalismo financiero" para considerar que la lucha contra ese fenómeno precisa "un fuerte rearme ideológico y una contundente respuesta política" auspiciada sobre todo desde el contexto autonómico y local.
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