“En la Consejería de Empleo no existe ni ha existido jamás un fondo de ese tipo”, dijo el consejero en su intervención ante la comisión parlamentaria en la que compareció, a petición del PP, para informar de los usos, actuaciones y medidas en los que se han utilizado el denominado “fondo de reptiles”, en alusión al programa 31L, del que salieron ayudas públicas a ERE irregulares.
Recio garantizó que “todos los fondos” que se han empleado por la Consejería de Empleo “son públicos y legales en su totalidad” y ha añadido que los del programa 31L, destinados a ayudas sociolaborales, “son legales y sometidos a estricto control”, además de “conocidas” por el Parlamento y los grupos políticos.
Según el consejero, las partidas que el PP pretende “tachar de oscuras” han sido sometidas al control parlamentario al aparecer en los presupuestos de la Junta y debatidas en la Cámara, por lo que “no solo no hay nada oculto en estas partidas sino que ustedes han sido los primeros en ser informados de cada una de ellas”.
Tras lamentar que el PP trate de “sembrar dudas” sobre el total de la inversión de este programa en los últimos diez años -unos 700 millones de euros- cuando las posibles irregularidades afectarían a apenas el 1 por ciento de este presupuesto, por lo que pidió al PP que no trate de “tergiversar” los datos.
Reconoció que le “abochorna” que exista “quien haya podido aprovecharse de los recursos públicos en beneficio propio” y tras garantizar que reclamará hasta el último céntimo que hayan podido salir de las arcas, dijo que la Junta ha colaborado con la Justicia desde el primer momento y que lo va a seguir haciendo.
Por su parte, el portavoz de Empleo del PP, José Loaiza, lamentó que el Gobierno andaluz intente achacar este asunto a una “caza del PP” cuando el problema es que “unos chorizos” se han beneficiado de estos fondos “sin control” administrativo y que ha sido “permitido” por la Junta “por omisión o por conocimiento”.
Tras denunciar que el PSOE no haya permitido que se cree en la Cámara andaluza una comisión de investigación, Loaiza reprochó al Gobierno andaluz “oscurantismo” hacia la labor judicial sobre unas ayudas que han servido para prejubilados que en la mayoría de los casos son “amigos y altos cargos” socialistas.
De la misma forma, censuró que el fondo haya servido para dar ayudas directas a empresas “con beneficios”, que se hayan “condonado” préstamos realizados a otras, además de haber destinado hasta 23 subvenciones a ayuntamientos, muchas de ellas sin relación con la materia sociolaboral, y “curiosamente” gobernados por el PSOE.
Recordó al consejero que la Intervención de la Junta ya alertó en informes de 2005, 2006 y 2007 sobre la irregularidad en el procedimiento de la concesión de ayudas de este fondo y sobre la falta de control del mismo.
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