Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la procesada es autora de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y durante el juicio reconoció los hechos y se conformó con la petición del fiscal.
En los hechos probados se explica que las afectadas contactaron en 2008 en Paraguay con una persona, con la que contrataron un viaje a España para trabajar, y que les proporcionó los billetes de avión y dinero en efectivo para poder pasar el control fronterizo.
El empleo acordado les sería facilitado una vez llegasen a España y ello a cambio de una cantidad de dinero, entre 3.000 y 4.000 euros, que las extranjeras debían abonar con el dinero que ganasen con el empleo que les habían buscado.
Una vez en España, la acusada era la encargada de proporcionarles alojamiento, en un domicilio en el núcleo poblacional de San Pedro Alcántara en la localidad malagueña de Marbella, "aún sabiendo que carecían de papeles para permanecer en España", así como un trabajo en el servicio doméstico.
En la sentencia se explica que el alojamiento tenía asignado un precio de 100 euros que las cuatro mujeres debían pagar a la acusada.
Pasado un tiempo, las afectadas denunciaron a esta mujer, quien con "el propósito de atemorizarlas", las amenazó diciéndoles que "iba a conseguir que las expulsara de España si no quitaban la denuncia".
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