La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, se opone a la decisión de la juez de instrucción 6 de reclamar en sobre lacrado las actas del Consejo de Gobierno desde 2001, que desde la semana pasada están depositas en una caja fuerte en los juzgados a la espera de que el Tribunal Supremo decida si la magistrada puede reclamarlas para su investigación sobre los ERE.
Anticorrupción sostiene que el auto de la juez que ordenó la entrega cautelar de dichas actas carece de la "suficiente motivación" que exige la ley, pues no concurre ninguna de las tres condiciones de que sea "imprescindible para evitar que se eluda la acción de la Justicia, que se cause grave perjuicio al interés público o que se originen daños graves e irreparables".
"Ninguno de los tres supuestos parece estar presente en la resolución que se recurre" y la salvaguardia de la investigación que se alude "no puede venir avalada por la formulación de una hipótesis que no está refrendada por hecho alguno anterior", dice la Fiscalía.
Así, explica que la Junta "ha venido respondiendo a cuantos requerimientos se le han hecho por este juzgado" pues el fiscal no ha tenido conocimiento de que en entregas de documentos anteriores "se haya detectado caso alguno de alteración o destrucción".
Además, tampoco considera necesaria la medida "si tenemos en cuenta que su destinatario es la Junta de Andalucía", la cual, a través de su servicio jurídico, está personada en la causa sobre los ERE y "no es parte imputada a la que se pueda presumir o pronosticar una futura actuación defensiva obstruccionista o llanamente evasiva", según Anticorrupción.
A ello se une que la Junta es una administración sujeta por ley a la custodia de sus propios documentos, por lo que "sin necesidad de medida cautelar ex novo, dichas actas están ya protegidas en su custodia e integridad por un funcionario público", en este caso el viceconsejero de la Presidencia.
Tal funcionario "tiene entre sus obligaciones la custodia" de las actas del Consejo de Gobierno y el incumplimiento de esa función "le puede suponer responsabilidad no solo administrativa sino en su caso también penal".
Por ello, si la juez que investiga los ERE "juega con la hipótesis de riesgo de alteración u ocultación de las actas, hubiera parecido más lógico que se hubiera adoptado una medida que recayese de forma directa sobre las actas en sí, como por ejemplo una custodia directa, una incautación in situ" o haber dirigido un oficio al funcionario custodio.
Por tanto, la Fiscalía Anticorrupción recurre directamente ante la Audiencia Provincial, por entender que no era necesaria la medida cautelar de entrega de las actas y, en cualquier caso, la adoptada carece de motivación suficiente.
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