Entre las citadas localidades se encuentran dos de la comarca de la Janda, como son Barbate y Vejer de la Frontera, junto a los municipios también gaditanos de Tarifa y Chipiona.
La máxima instancia judicial europea ha dado la razón al Ejecutivo comunitario en su denuncia presentada contra el Gobierno español por no aplicar debidamente la directiva europea de recogida, tratamiento y el vertido de las aguas residuales urbanas e industriales.
Esta normativa establecía que las aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes debían disponer de un sistema colector para las aguas residuales antes del año 2001.
La directiva también señalaba que las aguas residuales urbanas de dichas aglomeraciones debían someterse a un tratamiento secundario, e imponía unos máximos de concentración de elementos contaminantes.
La Comisión Europea envió en 2008 la última advertencia a España al considerar que este país incumplía la normativa, y tras no recibir una respuesta satisfactoria del MARM, decidió llevar el caso al tribunal de Luxemburgo. Así, el tribunal ha desestimado los avances defendidos por España en las aglomeraciones urbanas en cuestión.
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