La petición en nombre del Ejecutivo la ha realizado la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, durante su comparecencia en el pleno del Parlamento en la que ha resumido las respuestas de la Junta desde que se conoció la sentencia del TC, que consideró nulo el artículo 51 del Estatuto de autonomía andaluz.
Este otorgaba al Gobierno autonómico la competencia exclusiva sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir, recurrido por la Junta de Extremadura, también gobernada por los socialistas, ya que por ella también discurre una mínima parte del río.
Después de resumir la “respuesta inmediata y eficaz” de la Junta marcada por la “celeridad y el diálogo”, Moreno ha pedido a la oposición unidad y consenso para llevar a buen fin el nuevo proceso.
“La encomienda transitoria tiene como principal objetivo construir un dique de seguridad que garantice la plena validez de un periodo transitorio hasta tanto cerremos un modelo definitivo, que será jurídicamente complejo y en el que Andalucía intentará ir al máximo en su peso en la gestión”, ha indicado.
Aseguró, además, que la enmienda de gestión “declarará” que los actos y resoluciones ya dictados no son susceptibles de ser revisados.
Carlos Rojas (PP-A) ha eludido criticar la sentencia del TC al considerar que es el momento de restablecer el diálogo desde la “lealtad” entre administraciones, aunque también ha pedido “huir de remiendos y de ajustes provisionales” para no incrementar la “inseguridad” jurídica.
El popular ha advertido que puede haber una “colisión” con la ley de agua y la reordenación del sector público por cómo puede afectar la sentencia a la Agencia del Agua.
Diego Valderas, portavoz de IU, también apoyó la hoja de ruta de la Junta, pero aprovechó para lamentar una sentencia que “ha podado un brazo” al Estatuto andaluz, una situación -ha aclarado- que “debe ser repuesta” y pidió que busque una aspiración de “máximos” sobre el Guadalquivir.
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