Así lo señala la defensa de Garzón en un recurso de reforma presentado contra la decisión del magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro de desestimar un recurso anterior presentado contra la denegación de las pruebas que había solicitado en la causa en la que se le investiga por ordenar las escuchas en prisión entre varios de los imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados.
En el citado auto, el instructor aseguraba no conocer ningún otro caso en que un juez hubiera ordenado intervenir las conversaciones en un locutorio penitenciario entre un interno y su abogado sin tener indicios contra el letrado.
Por el contrario, Garzón destaca que, por los medios de comunicación, tiene constancia de "algún supuesto de indudables coincidencias".
Así, se refiere al "eco mediático" que tuvieron las intervenciones llevadas a cabo en el "caso Vioque", gracias a las cuales se pudo conocer un hecho "de grave trascendencia", en referencia al plan ideado por el ex abogado y narcotraficante Pablo Vioque para asesinar al fiscal jefe de la Audiencia Nacional y ex fiscal jefe Antidroga, Javier Zaragoza, por el que fue condenado.
Más recientemente, agrega, "la prensa ha divulgado las intervenciones acordadas en el llamado 'caso de Marta del Castillo' respecto de las comunicaciones de presuntos partícipes con sus abogados llevadas a cabo en locutorios de la prisión, al parecer con la finalidad de conocer el paradero del cadáver de la víctima".
También cita la defensa de Garzón a las intervenciones de las comunicaciones ordenadas en el "caso Palma Arena" y que afectaron, asegura, a las celebradas con sus letrados.
En ninguno de estos casos, señala, las decisiones de los jueces instructores han comportado para los mismos "consecuencias tan graves como las que se pretenden exigir" al magistrado investigado.
En su recurso, Garzón lamenta la actitud de "crispada incomprensión" que, a su juicio, Jorge Barreiro mantiene ante su petición de conocer el número de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en las que, tras analizar las intervenciones ordenadas por un juez y declararlas ilícitas, acuerde deducir testimonio contra el magistrado por un delito de prevaricación.
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