El dato de este porcentaje lo barajó ayer el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en una entrevista radiofónica y fue confirmado en rueda de prensa por la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, quien anunció que esta semana se conocerán los datos definitivos de la investigación interna abierta por la Consejería de Empleo.
Los últimos datos oficiales ofrecidos por el consejero de Empleo, Manuel Recio, en el Parlamento recogían 146 casos irregulares después de haber analizado los datos de 64 empresas, de las que 32 presentan 146 irregularidades.
Un total de 59 casos son “ajenos a las empresas, es decir, son los llamados presuntos intrusos”, mientras hay 87 casos que se consideran “discrepancias administrativas”.
El 10 de marzo, la investigación tenía pendiente de analizar 290 expedientes de cuatro empresas, aunque la Junta recalcó que su intención es recuperar hasta “el último euro mal utilizado”.
Mar Moreno sostuvo tras el Consejo de Gobierno los cálculos aportados por el presidente se deducen del hecho de que la prejubilaciones irregulares suponen algo más del 1 por ciento, con lo que la cantidad defraudada “difícilmente superará esa cifra”.
La cifra -insistió- “nada tiene que ver” con la que intenta acuñar el PP que “quiere descalificar” el conjunto de los fondos.
Querella del PP
Sobre la querella presentada por los populares, en la que se pide la nulidad de los actos administrativos, la portavoz del Gobierno lo atribuyó a “su propaganda judicial porque lo que intenta es acuñar la idea de que los 647 millones destinados a estas ayudas fueron mal utilizados”.
En opinión del Ejecutivo, lo que persigue el PP es “elevar el volumen” de las cantidades defraudadas aunque incurra en una “grave responsabilidad y cuestione el derecho de unos 6.000 trabajadores honestos que nada tienen que ver con las irregularidades y nada tiene que temer sobre la percepción de sus prejubilaciones”, puntualizó.
Moreno recalcó la idea de que el PP “no tiene el menor reparo en sembrar la inquietud y desconfianza a estos trabajadores honrados hablando de esa cifra voluminosa con la que está mintiendo a los andaluces desde el minuto uno de la investigación”.
Preguntada por la información que publica El Mundo, según la cual el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández ha renunciado a cobrar 386.181 euros de dicho fondo al ordenar a la aseguradora que lo excluya de la póliza que paga la Junta, Moreno comentó que ya dejó claro que no pretendía en ningún momento percibir ese dinero.
“Estas cuestiones las tiene que aclarar el señor Fernández. La Junta no conoce el detalle de su actividad”, agregó.
Además, negó que otra dirección general desviará dinero (10,5 millones) a dicho fondo al aseverar al “cien por cien sin ningún género de dudas, al mil por mil, que esos recursos fueron administrados por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico y fueron dirigidos a la finalidad adecuada”.
El PP pedirá analizar el desfase de 170 millones
El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció ayer que va a remitir un escrito al Tribunal de Cuentas para que su Fiscalía determine “si es o no correcto” que en los últimos años se haya producido en la Junta de Andalucía un desfase presupuestario de más de 170 millones de euros.
En Huelva, donde participó en una reunión con alcaldes y candidatos de municipios de más de 100.000 habitantes, Arenas indicó que también pedirá al Tribunal de Cuentas que analice las supuestas irregularidades recogidas en la querella que el PP presentó el lunes ante los tribunales.
Arenas consideró “escandaloso” la “inexistencia de controles” en la Junta de Andalucía y apuntó que “si algo va a hacer pasar a la historia” a los dos últimos presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, “va a ser el gasto y el despilfarro sin control”.
Según Arenas, Griñán y Chaves “representan el mismo futuro y la imagen física de una descomposición y un fracaso”.
Además, lamentó que cada vez que se meten en algún fondo de la Junta o de la Consejería de Empleo se encuentran con el mismo procedimiento, “una administración sin concurrencia, sin publicidad sin objetividad y sin seguir los procedimientos administrativos”.
Hay, en su opinión, una “generalización en el uso de fondos públicos sin ningún tipo de control”.
PP y Manos Limpias
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, apuntó ayer que existe “una estrategia” contra su partido por parte del PP y del sindicato de “ultraderecha” Manos Limpias en relación a las presuntas irregularidades en la gestión de los ERE.
Jiménez lamentó que los populares, con Javier Arenas a la cabeza, “abracen la ultraderecha” al coordinar con ese sindicato “fascista” la querella presentada ayer en los tribunales.
Entiende el portavoz parlamentario del PSOE que con esa “estrategia común” lo que se persigue es “ensuciar la imagen de Andalucía” y que va en contra de “los socialistas, del Gobierno andaluz y de todos los trabajadores y empresas que se han beneficiado de manera absolutamente legal de las políticas sociolaborales” de la Junta, a los que, apuntó, ambos pretenden convertir en “delincuentes”.
Chaves acusa a los populares de querer “tapar la olla” del Gürtel
El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, acusó ayer al PP de querer “tapar la olla de corrupción” del Gurtel, en la que presuntamente se está “cociendo todo” el partido, al intentar implicarle en el tema de los ERE irregulares de Andalucía.
Chaves hizo estas consideraciones en el pleno del Senado en respuesta a sendas preguntas de los senadores Patricia Navarro y Rafael Javier Salas, ambos del PP, sobre las supuestas irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo tramitados por la Junta de Andalucía.
Navarro pidió a Chaves su dimisión y le acusó de no querer asumir la “chapucería” y la “choricería” que se ha cometido con este asunto, que no es más que “el modus operandi” de su partido para repartir fondos, según ha dicho.
En los mismos términos se pronunció su compañero de partido Rafael Javier Salas en una pregunta posterior sobre el mismo tema, en la que tildó de “monumental fraude” el asunto de los ERE, que, en su opinión, “no hay ventilador que lo tape”.
El vicepresidente, por su parte, negó que conociera la existencia de esas irregularidades, ha admitido que no le satisface que se hayan cometido e insistió en que desea que todo el peso de la Justicia caiga sobre los culpables.
Chaves no dejó pasar la ocasión para reprochar nuevamente a los populares su insistente interés por este tema que, según dijo, obedece a un intento de “tapar la olla de corrupción” en la que se está “cociendo” todo el PP.
En este contexto, censuró la retahíla de “calumnias” e “injurias” que le han dirigido los senadores del PP, mientras acusó a Salas de no querer conocer la verdad sobre el caso Gurtel y de ser un experto en manipular la cosas a su antojo.
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