En un escrito de 13 folios remitido al Juzgado de Menores número 3 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público se opone a la cuestión planteada por la representación jurídica de la familia de la víctima, y recuerda además que la cuestión de inconstitucionalidad "no se ha planteado con cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional".
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