Palma indicó que, “a la vez, pediremos responsabilidades penales a los políticos responsables de este desastre por presunta prevaricación o malversación de fondos”.
Antecedentes
El PIVG denunció en 2007 ante el TSJA los presupuestos municipales de ese año por considerarlos inválidos. Se amparaba en que se había ratificado en Pleno la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) acordada en 2006 sin consignación presupuestaria.
El Ayuntamiento apunta que la decisión judicial “da la razón al PIVG en que se había aumentado en los presupuestos de 2007 la partida correspondiente al capítulo 1 (plantilla municipal) por encima de lo estipulado por Ley”.
Palma explica que “el resultado de la sentencia es que los funcionarios y laborales del Ayuntamiento deben devolver cada uno entre 12.000 y 15.000 euros cobrados de más entre 2006 y 2010”, y enfrentarse además “a una bajada de sueldo de entre 250 y 300 euros al mes”. Una medida que afectaría a 378 trabajadores, 277 funcionarios y 101 laborales.
El primer edil se reunió ayer con la Junta de Personal y Comité de Empresa municipales para informarles sobre la sentencia, sus posibles consecuencias y los próximos pasos que dará el Consistorio.
Palma destacó que “se trata de una gran responsabilidad como alcalde, porque tengo que defender los intereses del Ayuntamiento, pero también los de los trabajadores municipales, así que vamos a recurrir esta sentencia.
Así, para el regidor, “los funcionarios y laborales no tienen la culpa de la nefasta gestión de los políticos del PSOE y USR. Un escándalo”.
PIVG
Mientras, el PIVG aclaró que “la sentencia no es firme y contra ella cabe la interposición de recurso de casación”, si bien “según la opinión de los asesores jurídicos, tiene poco recorrido y además podría causar más costas al Consistorio al devenir en firme”.
El líder del PIVG, Jesús Mayoral apunta que Ruiz Boix (PSOE) y Ledesma (USR) “aprobaron este presupuesto a pesar de los informes contrarios del interventor reconociendo que se sobrepasaban los límites establecidos por la ley”.
Por ello, Mayoral considera que ambos candidatos quedan deslegitimados de cara a concurrir a las próximas elecciones municipales.
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