Andalucía

El Defensor analizará de oficio el marco legal de las ayudas a los ERE

Fernández tenía un plan de pensiones cuando fue incluido en su expediente

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El Defensor del Pueblo andaluz ha acordado iniciar una actuación de oficio para analizar el marco regulatorio “de referencia” y la “práctica administrativa” que se aplica para la concesión de ayudas públicas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

En un comunicado remitido por la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, se recoge que esta decisión ha sido adoptada tras recibir “diversas quejas” sobre este asunto, sobre todo después de la polémica suscitada por los ERE irregulares de empresas en crisis que recibieron ayudas por parte de la Junta.

El defensor del Pueblo, José Chamizo, pretende estudiar “con un alcance general” los criterios de tramitación y aprobación de los procedimientos laborales “con sus particularidades administrativas”, ya que los mismos conllevan la aplicación de fondos públicos de ayudas y prestaciones.

“En este sentido, los expedientes acogidos a esta modalidad implican un régimen diferente respecto de otros ERE que se tramitan para trabajadores y empresas sin acogerse a esta modalidad en la Comunidad Autónoma”, señala el comunicado, por lo que quieren conocer de las consejerías de Empleo y Hacienda estas medidas y los criterios que se aplicaron.

Además, ayer se conoció que el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, imputado en la causa que investiga la trama, cuatro días antes de que se acogiera al ERE de la bodega González Byass declaró que poseía un plan de pensiones y un seguro de vida por valor de 179.953 euros.

Según desvelaba La Razón, el plan de pensiones ascendía a 59.953 euros mientras que el seguro de vida y jubilación llegaba a los 120.000 euros, frente a los 420.425 euros que le corresponderían si se hubiera acogido al ERE de la bodega, aprobado cuando él mismo era consejero.

Mientras, ayer proseguía el cruce de acusaciones políticas y el presidente del PP-A, Javier Arenas, anunciaba que presentará una moción en el Parlamento para “reprobar” a los consejeros de Hacienda y Empleo porque han “mentido y engañado” a los andaluces en el caso de los ERE.

Frente a esta petición, el presidente andaluz aseguró que un oficio de remisión -como el que usa el PP para justificar su acusación- “no plantea en ningún momento irregularidades” ni “menoscabo financiero”. “Eso lo saben; pero que más da, con un simple papelito de remisión se puede armar mucho ruido”, dijo.

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