Andalucía

El Parlamento aprueba la Ley de Calidad Agroalimentaria

El texto fue apoyado por PSOE y PP y recibió el voto contrario de IU

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El pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer, con el voto favorable del PSOE y del PP, y el voto contrario de IULV-CA, la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera, que unifica la normativa andaluza sobre esta materia y la adapta al vigente marco legislativo europeo y estatal.

El texto establece medidas para potenciar la competitividad de las producciones de la agroindustria y de la pesca, sectores que suman más de 6.800 empresas y unos 63.000 empleos en Andalucía, así como para ofrecer mayores garantías a los consumidores y reforzar los controles en todos los eslabones de la cadena alimentaria.

Además de completar el marco legislativo en el ámbito de la calidad agroalimentaria y pesquera, la nueva norma reforzará la competitividad de esta industria, mejorará la identificación del origen de los alimentos -a través de la trazabilidad- y su diferenciación a través de la denominación de origen.

La norma plantea el fomento de la calidad como estrategia prioritaria para que los productos agroalimentarios, que actualmente suponen el principal capítulo del comercio exterior andaluz, puedan seguir compitiendo en unos mercados cada vez más globalizados y exigentes.

De este modo, se regulan especialmente los requisitos de control, las distintas figuras de calidad y sus organismos gestores, la información al consumidor y las líneas de apoyo a las producciones diferenciadas, según ha explicado la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, tras la aprobación de la norma.

A grandes rasgos, la futura ley quedará conformada por dos bloques principales de disposiciones: las referidas a la calidad comercial así como a sus sistemas de control y certificación, y aquellas otras medidas que tienen como objetivo el fomento de la calidad diferenciada.

El primer bloque, referido al aseguramiento de la calidad comercial, se dirige a incrementar el valor de las producciones en el mercado con un mayor beneficio para la industria, una mayor renta para los productores y una garantía de transparencia en la información que demandan los consumidores.

Por su parte, los controles oficiales de la Administración se centran sobre todo en la prevención y lucha contra el fraude, la verificación de las características de los alimentos y el cumplimiento de la normativa tanto de la calidad comercial como la diferenciada.

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