En declaraciones a los periodistas tras participar en un acto sobre vivienda organizado por su partido, Arenas insistió en la denuncia realizada el martes por su partido sobre una posible financiación irregular del PSOE tras conocerse que, al parecer, un falso prejubilado donó a este partido una sede en la localidad sevillana de Camas y que posteriormente el PSOE de Sevilla desmintió.
Según el presidente del PP-A, los ciudadanos están asistiendo todos los días a “bandazos y contradicciones” cuya finalidad es solo “ocultar todo lo que ha pasado”, por lo que aprovechó para pedir a la Junta que se investigue también los ERE “que ya no están vivos” porque se deben conocer “las irregularidades en todos”.
El líder de los populares andaluces, ante la personación de la Junta en el proceso judicial, se preguntó si el Gobierno andaluz se va a querellar contra el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, imputado en la causa, y se mostró seguro de que en próximas fechas “irán aflorando contradicciones” en la Junta.
Señaló que “llega con seis años de retraso” el anuncio del Gobierno de reclamar a los intrusos las ayudas de la Junta a los ERE, porque de haber actuado antes “se podía haber evitado seis años de irregularidades”.
Tras pedir que se “proteja” a los trabajadores que tenían el “derecho legítimo” de recibir las ayudas a los ERE, Arenas reclamó a la Junta una aclaración sobre si está cumpliendo con todas “sus obligaciones” con las aseguradoras encargadas de abonar las prejubilaciones a los que tienen derecho a percibirlas.
Advirtió de la necesidad de “llegar hasta el fondo de la verdad” y añadió que a medida que este asunto avanza más “está creciendo en magnitud”, al tiempo que recordó que el PP acusa a Griñán de tener “responsabilidades gravísimas” por haber “conocido, no haber impedido y permitir que se continuara” con procedimientos “al margen del derecho administrativo”.
Arenas, que añadió que como “consejero leal a Chaves”, Griñán tuvo que habérselo contado al ex presidente, se mostró convencido de que tanto uno como otro tendrán que renunciar a sus cargos, y respecto a la querella que presentará su partido indicó que lo hará “en los próximos días”.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, anunció que si el PP-A no rectifica su acusación sobre la presunta “financiación ilegal” en relación con la sede de Camas, recurrirá “a las acciones legales que sean precisas para defender el honor contra una infamia”.
Jiménez indicó que ha quedado demostrado que el PSOE está financiando la sede local de Camas con una hipoteca firmada con La Caixa, que está pagando la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE sevillano.
Según Jiménez, no se puede acusar al PSOE “a diestro y siniestro” ni desde un medio de comunicación ni por parte de responsables políticos, como Antonio Sanz o el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, sin demostrar lo que se está diciendo, “sin pruebas y sin ninguna base para poder hacerlo”.
“Estamos en un estado de derecho y para acusar hay que aportar pruebas. Lo que dice el PP es una infamia”, sentenció Jiménez, quien exigió a los dirigentes populares una rectificación.
Después de alabar las medidas de la Junta para esclarecer los expedientes irregulares y que lo que quiere es que “den con su huesos en la cárcel los responsables”, el portavoz denunció que el PP “no le interesa la verdad, sino criminalizar a los gobiernos socialistas de Andalucía y a los miles de ciudadanos que se han beneficiado de las políticas sociolaborales”.
Preguntado sobre si prevén la imputación del también ex consejero de Empleo José Antonio Viera, Jiménez se limitó a apuntar que “no existe ninguna razón, ninguna información ni acción de carácter judicial que señale a Viera en ninguna dirección”.
Por contra, Jiménez indicó que el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, diputado autonómico y ex delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, todavía no ha dado explicaciones por la “adulteración” de los listados de prejubilados en el ERE de Minas de Riotinto.
El gerente de Urbanismo afirma que no le comunicaron ningún problema
Mientras, el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Millán, declaró ayer como imputado en uno de los sumarios del caso Mercasevilla y dijo que otorgó la licencia investigada porque así lo aconsejaron cuatro técnicos y ninguno de ellos vio los “gravísimos problemas” citados por la jueza.
Millán compareció ante la jueza de instrucción 6 de Sevilla por haber concedido una licencia de primera ocupación pese a conocer que existía un “problema técnico de gran magnitud”, derivado de que aún no habían comenzado las “complejas obras” de infraestructura eléctrica.
En su declaración,Millán dijo que firmó la licencia porque así lo aconsejaron cuatro informes técnicos, ya que él “no está para estudiar expedientes”. “La licencia es un acto reglado”, que “se pide, se tramita y se concede”, dijo Millán a la jueza, y añadió que no siguió ninguna directriz por parte de ningún superior porque “las licencias no tienen política”.
Millán ha sido imputado en el segundo sumario del caso por la licencia de primera ocupación a Sanma, inmobiliaria que se hizo con un derecho de superficie en los terrenos del mercado central en un proceso calificado por la jueza como fraudulento.
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