La portavoz del Ejecutivo andaluz se pronunciaba de este modo ante la imputación de Antonio Fernández por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en la trama de los ERE, aunque dejaba claro que ni siquiera ha declarado ante la jueza que lleva el caso, por lo que la Junta se pronuncie según evolucione el proceso judicial y en el momento procesal “oportuno”.
Para Moreno, que negó que haya discrepancias en el seno del Gobierno andaluz ante la defensa o no de la actuación de Fernández al frente de la Consejería de Empleo, aseguró que la Junta respeta “los sentimientos de cualquier miembro del Gobierno” y que incluso Luis Pizarro, que realizó el martes una defensa acérrima de la labor de Fernández, “suscribe la posición del Gobierno: la Junta celebrará la inocencia de Fernández y lamentará la culpabilidad”, pero actuará “con todo rigor”, lo que incluye la posibilidad de formalizar una acusación contra él si se derivan responsabilidades de la investigación de la magistrada Mercedes Alaya.
Aún así, reiteró que el Gobierno respeta la actuación de la justicia y la presunción de inocencia, por lo que desea que Antonio Fernández “demuestre su inocencia”.
La portavoz del Gobierno andaluz insistió en que “a día de hoy, no conocemos nada que modifique” lo que hasta ahora han mantenido, que la responsabilidad de estas irregularidades se sitúa en el centro directivo, es decir, en la Dirección General de Trabajo que ostentaba Francisco Javier Guerrero, también imputado.
“Esas son nuestras expectativas penales”, afirmaba Moreno para considerar precipitado, gratuito y futurible pensar tanto en la imputación de Fernández como en una hipotética imputación del también ex consejero de Empleo y actual senador y diputado andaluz José Antonio Viera.
Paralizar el pago
Moreno respondía a estas preguntas tras anunciar que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga las cinco ramas del caso Mercasevilla entre los que se encuentra el de las irregularidades en los ERE, ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía en el caso como acusación , al ser “la primera perjudicada”, lo que le permitirá reclamar las “responsabilidades penales y civiles” y ser “activos en la denuncia y en el proceso penal”.
Además, aunque todavía quedan por analizar los expedientes de regulación de empleo de tres empresas, la Junta ha decidido abrir un procedimiento para que aquellos que han estado percibiendo una prejubilación sin tener derecho a ella (59 según los datos aportados por el consejero Manuel Recio) dejen de cobrarla y, además, poder recuperar “hasta el último euro” de lo ya percibido, cuya cuantificación aún no ha sido calculada por la Junta.
Según Moreno, este procedimiento será completamente garantista, de forma que se le comunicará al afectado para que presentes sus alegaciones antes de emitir la resolución que procederá tanto a paralizar el pago como a reclamar las cantidades indebidamente cobradas.
Además, Moreno acusó al PP de mentir al afirmar que ha presentado una querella contra la Junta por este caso, cuando ha sido “contra determinadas personas”, lo que supone “una simplificación tendenciosa” que busca criminalizar el Gobierno andaluz. “Es de muy poco rigor y de muy poca vergüenza política”, llego a decir Moreno.
En los mismos términos se pronunció ante las denuncias que apuntan a que uno de los intrusos en los ERE, el ex secretario del PSOE de Camas José Antonio García Prieto, hubiera donado al partido la sede que tiene en esta localidad sevillana, recomendándole que “ponga en el juzgado” si tiene alguna información sobre el caso. “Las mentiras y falsas acusaciones del PP ya superar a las irregularidades”, decía.
En cuanto a las peticiones de dimisión de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, la portavoz defendió que tanto ella en su etapa de viceconsejera como la Intervención de Hacienda actuaron “con corrección y normalidad” y que sólo hubo “cuestiones de procedimiento”, no irregularidades o fraude. “Si piden su dimisión, nosotros pediremos la de Arenas por mentir”, apuntaba.
El PP dice que el caso puede derivar en la financiación ilegal del PSOE
El PP ha apuntado a la posibilidad de que el caso de los fraudes detectados en los ERE financiados por la Junta de Andalucía pueda derivar en la financiación ilegal del PSOE, tras conocerse que un falso prejubilado donó a este partido una sede en la localidad sevillana de Camas.
En declaraciones a los periodistas tras pronunciar una conferencia en Sevilla, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha destacado el “peldaño más” que supone la información publicada por El Mundo según la cual José Antonio García Prieto, uno de los “intrusos” en los ERE, cobró 90.000 euros de prejubilación y donó al PSOE de Camas una sede que compró por 57.000 euros.
“Se trata de un nuevo peldaño que se sube en el despropósito y la desfachatez que supone este escándalo en Andalucía”, ha dicho el popular, quien ha agregado que el caso se sitúa “en una magnitud más grave”, ya que se trata de la posibilidad de que “no hablemos solo de un fraude de los ERE”.
Ha indicado que si la información se confirma se trataría de “un hecho gravísimo que vincularía directamente al PSOE con un caso de presunta financiación ilegal”.
Tras insistir en que la imputación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández “tiene cercado” al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, por “saber y permitir” que se cometieran estos fraudes, Sanz ha señalado que esta información sitúa el caso “tal y como comenzó” el caso Mercasevilla, con la denuncia de que dirigentes socialistas “coaccionaban” a empresarios.
Por su parte, el PSOE de Sevilla ha manifestado en un comunicado que, “en ningún momento” García Prieto “ha regalado” la sede a la agrupación de Camas y que desde 2001 se han pagado todas las cuotas del contrato de alquiler con opción a compra.
Valderas insiste en el adelanto de las autonómicas
El coordinador regional de IU, Diego Valderas, pidió ayer un adelanto de las elecciones andaluzas por la “insolvencia e incapacidad” del Gobierno del PSOE para gobernar, al estar “asediado y acorralado” por las presuntas irregularidades en los ERE, y por el “grave daño” que eso está haciendo a Andalucía.
Valderas ha anunciado que IU registrará hoy una iniciativa en la que planteará ese “necesario adelanto electoral” y que haya un “debate profundo” en el Parlamento sobre la situación que vive Andalucía, “de gran descrédito y de falta de solvencia política del Gobierno y del presidente”, José Antonio Griñán.
En rueda de prensa, Valderas ha planteado que una posible fecha para esas autonómicas anticipadas es “a final de año”, pues deben ser por separado de las municipales de mayo ya que “se necesita más que nunca un debate andaluz” ante la situación actual que “está dañando a los intereses de los andaluces”.
Ha recalcado que el hecho de que la juez que investiga los ERE irregulares comunicara ayer su imputación al ex consejero de Empleo Antonio Fernández “es una imputación a todo el Gobierno de la Junta”, y que éste y Griñán están “asediados y acorralados por la negligencia, la irresponsabilidad, la ineficacia, el desvío y mal uso de fondos públicos, el tráfico de influencias y el favoritismo”.
Guerrero y Rivas, imputados en el caso del ERE de Mercasevilla
La magistrada del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha imputado al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, al ex director general de la sociedad mixta Mercasevilla Fernando Mellet, al que fuera su director adjunto, Daniel Ponce, al ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y a los prejubilados del mercado central de abastos hispalense José Antonio R. M. y Antonio Garrido Santoyo, en el marco de la nueva línea de investigación promovida para esclarecer posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en torno a los expedientes de regulación de empleo impulsados desde esta compañía participada por el Ayuntamiento y Mercasa.
IU investiga las ayudas del imputado al sector del vino
El parlamentario de IULV-CA, Ignacio García, ha registrado una serie de iniciativas parlamentarias destinadas a conocer en profundidad diversas actuaciones de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en el Marco de Jerez durante los últimos años.
A través de un comunicado, Ignacio García asegura haber detectado actuaciones de la Consejería -por acción u omisión- que pudieran resultar “sospechosas de arbitrariedad y favoritismo respecto a algunas empresas y que, en cualquier caso denotan falta de control en la utilización de fondos públicos”.
Entre otras cosas, García quiere conocer el detalle de las ayudas otorgadas a los distintos expedientes de regulación de empleo que han tenido lugar en el Marco de Jerez, porque “se sabe que algunas empresas han recibido estas ayudas y otras no”. En segundo lugar, el parlamentario pide información por los criterios por los que a algunas de las empresas del Marco se les han concedido ayudas para la formación, talleres de oficios fundamentalmente, mientras que a otras no.
Por último, García quiere que la Consejería de Empleo explique los mecanismos de control que se han puesto en marcha para verificar el destino de las ayudas concedidas tanto para los ERE como para los programas de formación.
García apunta que en el caso de los ERE “se conocen algunos intrusos, así como personas que, después de figurar en la relación de acogidos a los expedientes habrían recibido la incapacidad”.
Por su parte, señala que “en algunos de los programas de formación, las personas colocadas supuestamente a través del taller de oficios no desempeñan las labores contempladas en este”.
Se conoce también algún caso -añade el parlamentario- en el que, “una vez empezado el taller de oficios, se despidió repentinamente a sus integrantes sin ninguna explicación coherente”.
Finalmente, Ignacio García indica que algunas empresas del Marco “habrían recibido presuntamente sugerencias -o incluso presiones- para que sus ERE respectivos se materializasen a través de pólizas de seguros contratadas con empresas muy concretas”.
IULV-CA ha solicitado también información sobre la entrada en el accionariado de un determinado grupo bodeguero de un fondo de capital riesgo promovido por el IFA (ahora IDEA) y en el que participan cajas de ahorro andaluzas y otros inversores.
La llegada al consejo
Esta entrada del fondo de capital riesgo en el grupo bodeguero coincide con un importante aumento de los recursos propios de éste. Es por ello por lo que esta formación política quiere conocer “la participación del IFA en las decisiones de decisión de dichos fondos y si esas inyecciones de capital a empresas privadas se realizan de forma arbitraria o con criterios técnicos rigurosos”.
Por último, García sostiene que aunque es pronto para establecer relaciones entre unos hechos y otros , no deja de resultar “chocante” el proceso a través del cual se produjo el nombramiento del ex consejero de Empleo y ex director del IFA, Antonio Fernández, como presidente del Consejo Regulador.
El diputado afirma que “además del indudable voto legítimo de los viñistas, se produjeron en esa votación sonadas ausencias de representantes de empresas bodegueras y clamorosos silencios posteriores en la parte supuestamente perdedora”, de ahí que García entienda que es necesario todavía “explicar muchas cosas”.
La postura de Asaja-Cádiz
El presidente de Asaja-Cádiz, Manuel Vázquez, reiteró ayer que si la imputación es como parece “de grave”, Antonio Fernández debe dejar la presidencia del Consejo. Vázquez recordó que la organización respaldó la candidatura del ex consejero en virtud de la “buena gestión” llevada a cabo como delegado provincial de Agricultura.
“El tema de los ERE es tan grave que sólo de escucharlo da vergüenza. La imputación es muy reciente, pero si realmente es tan grave, debe dejar la presidencia. Estoy seguro de que él sabrá medir la necesidad y conveniencia de dejar el cargo”, añadió.
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