El propio Antonio Fernández ha informado a Europa Press de que, en efecto, la juez Mercedes Alaya le ha remitido un burofax en el que le comunica que, de las diligencias practicadas en esta causa, se deduce su "presunta participación" en los hechos investigados. Los hechos, en concreto, son el libramiento de 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis mediante una fórmula ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, además de una supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo incentivados gracias a este acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el IFA.
En este burofax, según ha detallado el ex consejero Antonio Fernández, la juez Mercedes Alaya le insta a designar a un procurador y a un abogado para personarse a todos los efectos en estas diligencias en calidad "de imputado". No obstante, Antonio Fernández ha considerado que se trata de algo "lógico" por lo que a los procedimientos judiciales se refiere, manifestando que se siente "muy tranquilo" por su labor al frente de la Consejería de Empleo.
GUERRERO ES "POCO CREÍBLE"
El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía ha aclarado que la juez no le ha convocado a declarar en fecha alguna, pero de cualquier modo, ha señalado su "tranquilidad" ante esta decisión de la juez Mercedes Alaya. Y es que, desde su perspectiva, el testimonio del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, quien había calificado como "fondo de reptiles" estos 647.869.157,45 euros, es "poco creíble". "Estoy aguantando la situación", ha enfatizado Antonio Fernández.
En paralelo a estas diligencias, la Consejería de Empleo promueve una investigación interna en torno a estos expedientes de regulación de empleo, aspecto que se ha saldado hasta el momento con el descubrimiento de 59 'intrusos' o personas prejubiladas en empresas en las que nunca habrían trabajado, además de otras 87 incidencias relacionadas con prejubilaciones incentivadas con estos 647.869.157,45 euros que, según la Policía Judicial, habrían sido librados al margen de la necesaria fiscalización. Estos expedientes de regulación de empleo en cuestión han sido promovidos por empresas como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, 'SOS Cuétara', 'Cash Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.
Antonio Fernández fue consejero de Empleo entre los años 2004 y 2010 y ha ocupado escaño en el Parlamento andaluz como diputado del Grupo Socialista por Cádiz hasta finales del pasado mes de noviembre, cuando renunció al acta para dedicarse en exclusiva a su nueva responsabilidad como presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez.
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