El propio titular de la Consejería, Antonio Ávila, tras mantener una reunión (estaba prevista inicialmente para el jueves) con los alcaldes de la Cuenca Minera, era el encargado de anunciar que la Junta había decidido desbloquear la cesión de los derechos administrativos de explotación de Riotinto tras analizar la solicitud de Emed Tartessus, dueña de los terrenos de la extinta MRT, para explotar la mina y los escritos de la Comisión Liquidadora, que ha mostrado una “obstaculización continuada en el proceso”.
Según Ávila, el 1 de febrero se dirigió expresamente a la Comisión Liquidadora para que se pronunciase sobre la solicitud de explotación de Emed y “entendiendo que no había posibilidad de entendimiento entre las partes y que hay una responsabilidad de la Administración sobre el dominio minero”, la Junta ha concluido que “se puede continuar con el procedimiento de transmisión de derechos”, dejando sin efecto la carta de no oposición que solicitaba hasta hace apenas un mes.
Ávila dejaba claro que el desbloqueo de la cesión de los derechos mineros de Riotinto -un proceso que reconoce es “más complejo” para su regularización que el que han requerido otras actividades similares- es un primer paso que permite acreditar al solicitante, por lo que los trámites continuarán con el “análisis técnico, los informes y evaluaciones ambientales, y el análisis económico”, que será visto por diversos organismos especializados “como se ha hecho con otros proyectos mineros de similares características”.
Avales y Ley de cobre
En cuanto a los avales de restauración y de garantías sociales del proyecto, éstos deberán ser depositados “de forma previa a la autorización del inicio de los trabajos de apertura”. Puntualiza que en el caso de Riotinto, al ser un yacimiento muy explotado y de baja ley de cobre (0,5 frente al 6,6 de Las Cruces o el 1,7% de Aguas Teñidas), estará “muy condicionado por las oscilaciones de precios” y señala que “es probable que experimente periodos de actividad y cierre”.
Por tal motivo se le exigirán “garantías sociales suficientes para que ésta (Emed) asuma en exclusiva las correspondientes compensaciones en los periodos de actividad”, por lo que serán muy superiores a las planteadas a los dos proyectos antes citados, que no incluían estas salvedades en sus proyectos iniciales.
La Junta insiste en que la actividad deberá realizarse con todas las garantías de seguridad y protección ambiental” y cumpliendo “todos los requisitos marcados por la Ley”.
Ante esta decisión, Emed Tartessus (sus accionistas y trabajadores incluidos, que han abandonado el encierro), se ha congratulado y se ha comprometido con la Administración andaluza a cumplir “todos los requisitos legales, económicos y técnicos” para la reapertura de la mina, incluyendo los preceptivos avales sociales y medioambientales, según ya ha reflejado en su proyecto.
Según ha informado la empresa en una nota remitida a las agencias, una vez que la cuestión de la capacidad legal de Emed como titular de los derechos mineros queda despejada, la compañía está “deseosa” de afrontar el resto del proceso de aprobación de la actividad y el calendario en que esta se produzca.
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