El consejero de Empleo, Manuel Recio, compareció en comisión parlamentaria para informar, a petición propia, de los resultados de la investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados con fondos públicos.
Recio elevó a 146 los casos irregulares, ya que según precisó se han analizado los datos de 64 empresas, de las que 32 presentan 146 irregularidades.
Un total de 59 casos (1,12%) son “ajenos” a las empresas, es decir, son los llamados presuntos intrusos, mientras hay 87 casos que se consideran “discrepancias administrativas”, es decir trabajadores que sí tienen vinculación laboral con la empresa, pero sobre los que los funcionarios que han llevado la investigación interna “no tiene total certeza”.
La investigación tienen aún pendiente por analizar 290 expedientes de cuatro empresas, que terminará en breve y toda la documentación ha sido remitida al juzgado que investiga el caso.
Tras el detalle de estos datos, el titular de Empleo anunció el inminente cambio en la normativa para conceder las ayudas a las empresas en crisis y a trabajadores afectados por los expedientes de regulación.
El consejero de Empleo defendió la labor de sus antecesores en el cargo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, al sostener que hicieron “lo mejor que sabían hacer en unas circunstancias y sobre una política sociolaboral de la Junta que ha permitido el apoyo a trabajadores y empresas en crisis”.
También se refirió al informe de la Intervención General de la Junta de 2005 que expresó su “disconformidad por inadecuado” con el procedimiento de concesión de las ayudas, lo que -en su opinión- “no implica irregularidad o procedimiento ilícito”, y calificó el informe de “contradictorio”.
Dicho informe se realizó siendo José Antonio Griñán consejero de Economía y Hacienda, del que dependía la Intervención, y provocó que el PP dijera en varias ocasiones que el actual presidente “conocía y tapó” las irregularidades, extremo que rechazó tajantemente Recio, que acusó al PP de “perseguir a socialistas al estilo de la Inquisición, en lugar de perseguir la verdad”.
En una abarrotada sala de comisión y con una inusual espectación mediática y política, el diputado del PP-A, Antonio Sanz, no dudó en señalar que el cambio de procedimiento para la concesión de estas ayudas “responsabiliza” de manera directa al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su predecesor, Manuel Chaves, para quienes pidió su dimisión.
“Cambian el procedimiento porque le hemos pillado con las manos en la masa. Esto supone acusa a Griñán negligencia, consentimiento y participación en la irregularidades”, sentenció.
Además, recriminó a Recio que centren la responsabilidad en el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, -quien habló de un “fondo de reptiles” para estas ayudas, aunque luego se retractó- y le recordó que se trata de un excargo público que “ustedes han mantenido durante nueve años”.
Para el PP, la situación de Recio es “insostenible” porque cada vez que comparece “se duplica” el número de fraudes.
Pedro Vaquero, de IU, acusó a la Junta de crear un “cortafuego” en la dirección general de Trabajo para “evitar” dirimir las responsabilidades políticas, lo que le llevó ha reclamar de nuevo una comisión de investigación, rechaza ya tres veces por el PSOE en el Parlamento.
Tras recordar que existía “una zona de penumbra” que ha posibilitado el “choriceo” de los fondos públicos, Vaquero añadió que si Griñán por entonces era el responsable de Economía del Gobierno andaluz “tendrá que aclarar si ha habido negligencia suya o de algunos de sus subordinados”.
Descarta destituir a su delegado en Córdoba
El consejero de Empleo anunció ayer que no destituirá al delegado de Empleo en Córdoba, Antonio Fernández Ramírez, pese a conocerse que ha beneficiado con 369.243 euros en ayudas de la UE a la empresa de la que fue socio, porque ya “no tiene ninguna vinculación” con la misma.
En declaraciones a los periodistas tras comparecer en comisión parlamentaria para informar de las ayudas públicas a los ERE, Recio ha respondido de esta forma a la información de ayer en ABC sobre que Fernández Ramírez concedió ayudas a la Autoescuela Virgen de Luna SL, de Pozoblanco (Córdoba), para cursos de formación confinaciados entre la UE y la Junta.
Según esta información, el actual titular de Empleo en Córdoba fue alcalde del PSOE en Pozoblanco desde 1987 hasta junio de 2004, momento en el que fue nombrado delegado provincial, y trabajó y fue socio fundador de la autoescuela a la que ha concedido una suma importante de subvenciones para realizar acciones formativas que están enfocadas, principalmente, a desempleados.
Recio, que ha recordado que el delegado de Empleo en Córdoba ya no tiene ninguna vinculación con la empresa en la que trabajaba, se ha preguntado si por este motivo ninguna empresa en la que haya trabajado previamente una persona al tener un cargo público no puede otorgarle ayudas de la administración.
“Yo creo que esa conclusión sería errónea desde el punto de vista de la aplicación. Yo no le voy a pedir a mi delegado en Córdoba nada más que trabaje por el empleo de los cordobeses. Creo que él no tiene ninguna responsabilidad porque no tiene ninguna vinculación con esa empresa”, ha subrayado el consejero.
Recio se ha referido también al anuncio del nuevo procedimiento sobre las ayudas pero no ha querido dar detalle porque está en fase de negociación con los agentes económicos y sociales.
Apuntó que quieren “mejorar el procedimiento” ante los “diversos problemas” que se han producido y que están en colaboración con la Intervención General, aunque eso no quiere decir que acepten sus “recomendaciones seis años después” de las de 2005.
La Fiscalía de Sevilla abre diligencias por el fraude en las ayudas al empleo de la UE
La Fiscalía de Sevilla recibió ayer las diligencias por el presunto fraude en ayudas de la UE al empleo producido en empresas de esta provincia, según una investigación de la Fiscalía Superior andaluza y la Guardia Civil.
Fuentes de la Fiscalía sevillana informaron a la prensa de que ayer recibieron el testimonio de las actuaciones procedentes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, por lo que en los próximos días se abrirán diligencias y se investigarán las empresas y el montante del presunto fraude.
La investigación empezó hace seis meses y pretende dilucidar si las empresas utilizaban fondos de la Unión Europea destinados a la creación de empleo pero, una vez percibidas las ayudas, los puestos de trabajo no se mantenían.
El presunto fraude fue llevado a cabo por empresas particulares de las ocho provincias andaluzas excepto Huelva y ha sido investigado por la Guardia Civil y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según informó la semana pasada en Sevilla el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
El diario ABC aseguró el miércoles que las investigaciones han podido comprobar la implicación en estos hechos de casi 800 empresas y se han abierto 6.000 expedientes, si bien las investigaciones deben determinar si, por la cuantía de lo defraudado, se trata de un delito o una simple falta administrativa.
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