Así lo expresó este lunes la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en rueda de prensa, quien también subrayó que el asunto de los ERE “no es más que la parte que se ve de una serie de fraudes y corrupciones que se pueden estar produciendo en el ámbito de la Junta de Andalucía” y que podrían extenderse también a otro tipo de fondos, “como los de ayuda a la contratación”.
Por ello, De Cospedal estimó imprescindible que la Fiscalía se pronuncie sobre el asunto y denunció que, hasta ahora, este órgano se haya limitado a pedir la recusación de la magistrada que lleva el tema en Andalucía.
Mientras, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, denunció que la trama de presuntas irregularidades en la gestión de los ERE en Andalucía está vinculada con los fondos de formación para el empleo.
Durante un acto con miembros de Nuevas Generaciones, Sanz anunció que los populares solicitarán en el pleno del Parlamento andaluz de la próxima semana la creación de una comisión de investigación que se extienda a “la vinculación entre la red de los ERE y la formación para el empleo”, donde “de manera sospechosa -dijo- terminan coincidiendo personas y empresas implicadas”.
“¿A alguien le puede parecer casualidad que las personas vinculadas al fraude en los ERE coincidan con las que gestionaban los recursos de formación de Empleo de las empresas de los ERE?”, se preguntó el número dos del PP-A, que considera “obligado” que se investigue “cuanto antes” en el Parlamento esta conexión.
Para Sanz, “el escándalo está servido”, pues, según dijo, “ya no sólo estamos ante infiltrados en ERE, ya no sólo existen relaciones familiares vinculadas al PSOE de sometidos a investigación por ello, sino que estas personas constituían empresas que hacían informes presuntamente ficticios para justificar los ERE y a su vez desarrollaban las tareas de formación con trabajadores”.
Preguntado por los nombres de esas empresas y personas, Sanz evitó concretar y dijo que “eso es lo que el PP quiere que se investigue”, además de resaltar que su partido “tiene la información pero quiere que conteste el PSOE y diga si es verdad esta vinculación”, por lo que espera que los socialistas “acepten esta comisión de investigación para llegar hasta el final”.
La petición de esta comisión, explicó Sanz, procede de las denuncias que en su día motivaron la dimisión del entonces número 2 del PSOE andaluz, Rafael Velasco, “unidas hoy a nuevas irregularidades y a las vinculaciones detectadas con la trama de los ERE”, en la que, según dijo, “queda mucho por conocer”.
“Si el PSOE se sigue negando a crear comisiones de investigación no sólo estará haciendo un flaco favor a la democracia en Andalucía -señaló- sino también a sí mismo, porque el escándalo, que no tiene fin, será cada día más grande”.
Citó como “el último escándalo servido” el de los incentivos a la contratación, en relación con el cual el PP ha pedido un pleno extraordinario y la comparecencia del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que considera “obligada” por el aumento del número de fraudes detectados en la tramitación de los ERE.
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, anunció que va a presentar una iniciativa para modificar las reglas del Parlamento andaluz y hacer posible la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en los ERE.
Según Valderas, la modificación estaría en consonancia con la consideración y la importancia que las comisiones de investigación tienen en el Estatuto e iría encaminada a “impedir cualquier tipo de veto”, como los que hasta ahora está poniendo el PSOE. Así, la propuesta pasa por que fuera suficiente un tercio de los votos de la Cámara y el respaldo de dos grupos para la creación de la comisión de investigación.
El PSOE defiende la actitud de Griñán con la Intervención
Mientras, el PSOE-A defendió este lunes la actitud del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, respecto a los informes de la Intervención de Hacienda sobre las ayudas a los ERE, y acusó al líder del PP-A, Javier Arenas, de intentar ganar las elecciones por un procedimiento que “no gusta a los demócratas”.
Los socialistas andaluces están convencidos de que el PP “no tiene la más mínima oportunidad de dar” cuando apunta en la dirección de pedir a Griñán que renuncie al cargo de presidente si se confirma que hizo “caso omiso” a tres informes de la Intervención de Hacienda (2005, 2006 y 2007) que cuestionaron el procedimiento de las ayudas a los ERE y que el PP ha pedido que se hagan públicos.
La presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, no dudó en señalar que Arenas quiere “ganarle la Presidencia y sabe que no podrá hacerlo en las urnas e intenta otros procedimientos que no sé si son legítimos, pero moralmente no son los que nos gustan a los demócratas”. Los informes han sido enviados al juzgado que investiga la trama y -según Torres- el próximo jueves en el Parlamento andaluz, el consejero de Empleo, Manuel Recio, “dará respuestas si le preguntan”.
Preguntada por si el partido cree que los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera deben asumir su responsabilidad política tras las revelaciones de ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, la dirigente malagueña manifestó: “Ni siquiera el señor Guerrero está todavía imputado por lo que es mucho correr subir tantos peldaños. Vamos a esperar a las decisiones judiciales y a que las cosas vayan ocurriendo”.
UGT cree que son “bastante menos” los casos implicados en los expedientes
Por su parte, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha dicho que cree que parte de los casos que la Consejería de Empleo presenta como relacionados con los ERE irregulares “no lo son” ya que “son bastantes menos” y que esto lo clarificará la Justicia.
En rueda de prensa en Jaén, Pastrana ha dicho que por esta razón “la única manera de que se clarifiquen las cosas” es a través de la Justicia, ya que “hay personas que verán o están viendo su nombre vapuleado” por aparecer en esas listas de irregularidades, cuando están ahí en los expedientes de forma correcta.
Asimismo ha considerado que “se está extralimitando de tal manera la situación en términos políticos” por lo que “difícilmente” las comisiones de investigación clarificarían las cosas, sino que “las enredarían mucho más”, y que eso “no es que no creamos que haya responsabilidades políticas”.
Por otro lado, ha señalado que en UGT están “absolutamente indignados” por el hecho de que haya habido personas ligadas al sindicato (cuatro) que se hayan aprovechado de su experiencia en UGT en “beneficio propio”, aunque en algunos casos lleven más de una década fuera de él.
Por su parte, el sindicato CCOO-A ha indicado que A. M. G, afiliado a esta organización y supuestamente implicado en un ERE irregular de la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), defiende su “inocencia” y asegura que fue trabajador de la misma desde su constitución.
En un comunicado, la organización sindical señala que A. M. G. ha aparecido en algunos medios de comunicación “acusado” de formar parte de un presunto ERE fraudulento en la citada empresa, por lo que CCOO y el afectado han aseverado que “no es un intruso en Egmasa” y que es “totalmente ajeno” a la implicación que “se le ha pretendido atribuir”, puesto que era trabajador de la empresa desde 1996 y la empresa le ofreció la prejubilación tras ser declarado nulo su despido.
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