El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de 21 de mayo destinar casi un millón de euros a un incremento de 20 puestos de trabajo de la plantilla de funcionarios de la Consejería de Inclusión Social dedicados a la tramitación de los expedientes de la dependencia.
La mitad serán valoradores en las delegaciones provinciales y la otra mitad hará su trabajo en servicios centrales. El Consejo de Gobierno dio luz verde a este propuesta de la Consejería de Inclusión Social, cuyo coste total es de 947.392,91 euros: 666.575,86 son retribuciones salariales y 229.671,01 euros en concepto de la Seguridad Social de los futuros empleados.
Explica la Consejería el volumen total de empleados dedicados a la dependencia que "hacen un total de 268 profesionales", así como que el personal encargado de la valoración del grado de dependencia "tiene la condición de personal funcionario, en su mayoría en situación de interinidad y está adscrito a una Zona Básica de Servicios Sociales en la Relación de Puestos de Trabajo".
Son 156,29 millones de euros la partida prevista por esta Consejería en el Presupuesto de este año para los gastos de personal del programa Atención a la Dependencia, Envejecimiento Activo y Discapacidad. Los gastos de personal por este concepto de la Agencia de Servicios Sociales es 51,6 millones.
En el informe anexo de la Dirección General de Presupuestos indica que "se comprueba que existe crédito disponible suficiente" para acometer este incremento del gasto, que se suma a una ampliación anterior que fue de 2,58 millones, por lo que de un crédito inicial de 5 millones para estos recursos humanos, el disponible es de 1,46 millones, según la información consultada por Europa Press.
"Se ha tenido como prioritario reforzar el personal cuyas competencias estaban enfocadas a la tramitación y resolución de las subvenciones", indica Inclusión Social en su justificación de la medida, cuya intrahistoria comienza con la creación de la Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones dentro de la Consejería.
Esa decisión de crear un nuevo centro directivo ha propiciado "una reestructuración en el personal de la Consejería para dotar al nuevo Centro Directivo de efectivos y aprovechar el capital humano con conocimientos y experiencias", aunque seguidamente admite que "esta reordenación de personal no es suficiente", lo que le lleva a declarar "la necesidad de incorporar y reforzar dicha Dirección General y los distintos Centros Directivos de la Consejería que han visto mermados sus recursos humanos".
Este crecimiento de personal se plantea como "medida complementaria a otras actuaciones que se llevarán a cabo mediante la modificación de relación de puestos de trabajo, en la que se está trabajando".
Explica un antes y un después de la entrada en vigor del Decreto-ley 3/2024, de manera que hasta entonces el procedimiento sobre la dependencia constaba de dos fases: una, la valoración del grado de dependencia; y la otra, la resolución del Programa Individual de Atención, y por eso se originaban "dos listas de espera".
Desde la entrada en vigor el 16 de marzo del Decreto-ley 3/2024 argumenta la Junta de Andalucía que "la lista de espera se unifica para aquellos expedientes sin valoración", ya que se introduce como novedad una sola visita, "donde se aplicará el Baremo de Valoración de Dependencia (BVD) y se recogerá la información para la elaboración de la propuesta del PIA" y así se contará con "una única resolución y una única lista de espera", aunque precisa que los expedientes de personas ya valorados "serán objeto exclusivamente de visita para la elaboración del PIA".
La Consejería de Inclusión Social da números de la situación de la dependencia para explicar que en estos momentos, a fecha 29 de febrero, "en Andalucía se atiende a 286.357 personas en situación de dependencia" con el matiz de que hay 57.733 andaluces que esperan o bien la evaluación de su grado de dependencia, o tener su Programa Individual de Atención (PIA) a partir de su calificación.
Desglosa esos 57.733 dependientes en lista de espera para indicar que hay "28.450 personas pendientes de resolución de grado", cuya distribución provincial es: Almería, 975; Cádiz, 884; Córdoba, 2.736; Granada, 7.638; Huelva, 1.446; Jaén, 3.111; Málaga, 6.280; Sevilla, 5.380.
También hay "otras 29.283 personas en lista de espera pendientes de su Programa Individual de Atención (PIA)", y por tanto el derecho de acceso a la prestación. Se reparten así entre las provincias: Almería, 3.477; Cádiz, 6.064; Córdoba, 2.175; Granada, 1.336; Huelva, 873; Jaén, 1.548; Málaga, 7.032; Sevilla, 6.778.
"No obstante, la lista de personas solicitantes que han sido valoradas y a las que no se les ha reconocido ningún grado de dependencia asciende a 70.387 personas", precisa también la Consejería.
"Como se puede observar los tiempos de espera en la fase de valoración del grado de dependencia superan como promedio los 130 días correspondientes a la fase de elaboración del PIA", indica la Consejería.
"Hay que tener en cuenta que a los datos de lista de espera de valoración hay que sumar los procesos de revisión constante, dado el carácter cambiante de las circunstancias de las personas, a lo que se suma el flujo incesante de entrada de solicitudes", argumenta la Consejería sobre las listas en dependencia.
La Consejería explica que "los Servicios de Valoración de la Dependencia Territoriales cuentan con personal funcionario", así como que de "los cinco departamentos que conforman la estructura organizativa de estos servicios, cuatro de ellos cuenta con personal funcionario como jefe/a de departamento, figuras que en muchos casos no están cubiertas".
Señala que esos departamentos son: Seguimiento de la Valoración, Coordinación de la Dependencia, Gestión Administrativa e Informes, y Prestaciones Económicas de la Dependencia.
Apunta que "la capacidad organizativa y de gestión de los Servicios Territoriales de la Agencia se ve sustancialmente mermada" por circunstancias como "vacantes no dotadas presupuestariamente; cobertura de plazas dotadas y no cubiertas; y falta de cobertura temporal de puestos afectados por situaciones de incapacidad, excedencia u otras".
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