El Gobierno andaluz ha autorizado este martes al gabinete jurídico a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, para lo que tendrá un plazo de tres meses desde su publicación en el BOE, ya que considera que es "veneno" contra la igualdad, la separación de poderes y la seguridad jurídica.
El Ejecutivo autonómico inicia así la tramitación para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, que debe ahora ser elaborado por los servicios jurídicos, ha informado en rueda de prensa el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.
La decisión, que no puede incluir una petición de suspensión cautelar por falta de competencias para ello, está argumentada en cinco principios que "vulneran" la Constitución, según la Junta: la separación de poderes, el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el derecho de las víctimas ante los delitos, y la arbitrariedad de la ley.
La Junta ha explicado que toma "su iniciativa" en defensa de los intereses de Andalucía y de la Constitución, más allá de lo que decidan hacer otras comunidades, con las que no se ha acordado nada.
Una "clara" inconstitucionalidad
El Consejo de Gobierno considera que la ley vulnera el principio de separación de poderes al existir una clara intromisión del Legislativo, que no se limita a desconocer las atribuciones de jueces y magistrados para hacer ejecutar lo juzgado, sino que alcanza a procedimientos judiciales vivos o incluso pendientes de incoación.
Por otro lado, entiende que vulnera el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley al establecer arbitrariamente que, por unos mismos hechos ilícitos y en un mismo ámbito temporal, unos españoles deberán responder mientras otros quedan exonerados de cualquier responsabilidad penal, administrativa y contable.
También vulnera, a juicio del Gobierno andaluz, el principio constitucional de seguridad jurídica, al definir un supuesto de hecho que quiebra la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y en su previsibilidad, al abrir un espacio de impunidad en el que sólo para determinados ciudadanos las leyes no se aplican.
Además, considera que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes hayan sido víctimas de los delitos a los que se aplica la amnistía.
Entre los perjudicados se encuentran los poderes públicos cuando el delito amnistiado es el de malversación de caudales públicos o quienes hayan sufrido daños en sus personas o en sus patrimonios, como los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, según la Junta.
Resalta además que la amnistía supone la extinción de las responsabilidades civiles y contables de manera que los menoscabos de fondos públicos quedarán impunes.
Ha agregado que vulnera la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos al resultar "arbitraria e injusta" en la medida en que los actos previos, simultáneos y posteriores a su aprobación tienen como única finalidad la de servir a los intereses políticos de los grupos que la han apoyado.
"Humillar" al Estado y "doblegar" la Constitución
El Gobierno andaluz denuncia la existencia de un acuerdo para "humillar al Estado y doblegar la Constitución, menospreciando también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los jueces que juzgaron y condenaron a quienes actuaron contra la Carta Magna".
El presidente de la Junta, ha resaltado que Andalucía da "el paso" para defender la igualdad entre españoles. "Serenidad y democracia", ha añadido en un comentario en la red social X.
El consejero Antonio Sanz ha garantizado que desde Andalucía serán "contundentes" en la respuesta a una ley que supone "una cesión a los independentistas" del presidente, Pedro Sánchez, "para mantenerse en el poder".
"Es el momento de reaccionar" de una manera "serena, democrática y útil", según Sanz.
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