Mercasevilla y las 39 irregularidades detectadas por la Junta en su análisis aún no concluido de los ERE “vivos” (es decir, que aún no se han extinguido) cofinanciados por la Consejería de Empleo rondaron ayer a lo largo de toda la tarde en la sesión parlamentaria e incluso el PP volvió a incidir en la presunta relación entre el expediente de Delphi y el nuevo diputado socialista, Ramón Díaz, ya que firmó una de las actas como asesor de la Consejería.
Díaz dijo sentirse respaldado por el PSOE, con José Antonio Griñán a la cabeza, y el portavoz parlamentario Mario Jiménez se encargó de criticar la “cobardía” de los que se suben a la tribuna a lanzar acusaciones sin fundamento (en referencia al popular Antonio Sanz) amparados por su condición de diputado y no son capaces de acudir a la justicia, a pesar de que el diputado socialista ya ofreciera el martes un comunicado explicando que sólo medió en el cierre de la factoría y no en el ERE.
Pocas novedades ofreció el consejero en su comparecencia sobre la investigación, aunque las nuevas revelaciones apuntan a una posible falsificación de las vidas laborales, pactadas entre la Junta y el comité de empresa, en el ERE de 2003 que afectó a 400 trabajadores de Minas de Riotinto. La ilegalidad, que pudo costar 120 millones, consistía en manipular los coeficientes de compensación para ampliar el número de trabajadores beneficiados y fijar la fecha de cierre de la mina en 2001, cuatro años antes de los informes de la empresa.
Ante estas irregularidades, que la oposición se encargó de recordar en cada intervención, el consejero de Empleo hizo oídos sordos a la petición de crear una comisión de investigación en el Parlamento, ante el “mayor escándalo político, social y económico” de Andalucía, en palabras de Antonio Sanz (PP), que llegó incluso a espetarle al consejero “¿usted se cree que somos tontos?”, apuntando que el “nexo común” de todo “son las siglas del PSOE”.
El PP no señaló únicamente a los ex consejeros de Empleo, sino que señaló directamente a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías como conocedores de la presunta trama: “son la x, la y y la z que nos faltan”.
Diego Valderas (IU), más sosegado, le instó a abrir la comisión de investigación para “delimitar” las responsabilidades de los responsables de la Junta implicados, una gestión “salpicada por acción u omisión”, porque “tengo derecho a saber si Empleo estaba corriendo un tupido velo” e IU no está viendo la “firmeza” necesaria “para limpiar la era de mangantes y aprovechados”.
Recio, que hizo una defensa casi decimonónica de los principios del socialismo, con Julián Besteiros incluido, defendió los pasos que está dando la Junta para que sea la Justicia la que determine las responsabilidades penales y quiso dejar claro: “el que la hace la paga y vamos a recuperar hasta el último céntimo”. Insistió en que llevarán ante la justicia cualquier nueva irregularidad que detecten, puesto que aunque quedan 15 ERE por investigar, que extenderán a todos los expedientes.
El consejero, que dijo compartir la “indignación” ante el uso indebido “de cualquier fondo público”, instó a la oposición, especialmente al PP, a no confundir “la parte con el todo”, puesto que sólo han detectado 39 irregularidades entre más de 6.000 prejubilados y quiso defender la gestión “brillante” de sus antecesores, José Antonio Viera y Antonio Fernández.
Posteriormente, sobre la comisión de investigación, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, espetó al PP para qué querían una comisión de investigación con la que ellos estaban haciendo e insistió, como el consejero de Empleo, en que el PSOE ni la Junta “van a permitir” que se cuestionen las ayudas a las empresas y trabajadores en crisis.
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