Las consecuencias políticas que podrían derivarse de la investigación de las irregularidades en los ERE cofinanciados por la Junta de Andalucía, a partir del caso Mercasevilla que juzga la magistrada Mercedes Alaya, no parecen importarle al actual consejero de Empleo, Manuel Recio, quien este jueves aseguraba en el Parlamento, tras ser preguntado por las posibles implicaciones de sus antecesores, tanto Antonio Fernández (que además presidió el IFA cuando se ideó el procedimiento de transferencia en cuestión desde 2005) como José Antonio Viera, declaraba: “Yo ya les digo que ni temo ni dejo de temer. Mi función aquí para lo que nos eligen los andaluces es para gobernar a todas las personas por igual. Supongo que lo han hecho lo mejor que estaba en sus manos”.
Y sólo vio “discrepancias” en el hecho de que entre 2005 y 2007 la Intervención General de Hacienda enviara al menos tres informes contrarios al trámite que se estaba utilizando para conceder las ayudas (transferir desde la Junta al IFA mediante un convenio el dinero que cada ERE) y que la Dirección General de Trabajo mantuvo hasta su modificación en 2008. “En ocasiones por la agilidad de las subvenciones se adopten criterios que generan debates internos, lo que no significa ilegalidad”, apostilló Recio, que recalcó que el control “existía y siempre ha existido”.
Al respecto de las responsabilidades del actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en esa época como titular de Economía y Hacienda, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, defendió la labor realizada por la Consejería, que consideró “impecable”, ya que estableció “controles, fruto de los cuales se han ido mejorando los procedimientos”.
Igual que hizo Moreno el pasado martes, el consejero de Empleo circunscribió toda la cuestión de las irregularidades de los ERE a que “si hay personas que se saltan los controles, hay que perseguirlas y ponerlas en manos de la justicia caiga quien caiga”. De hecho, su idea no es sólo estudiar los 45 ERE que se mantienen vivos, sino “todos los expedientes hasta donde llegue la responsabilidad administrativa” y se reclamará judicialmente el dinero “indebidamente utilizado”.
Todos los expedientes
De esta manera, la comisión de investigación de Empleo investigará “todos” aquellos expedientes sobre los que tenga un indicio fundado de que ha habido una irregularidad. Así, hizo hincapié en que, por ejemplo, el número de trabajadores acogidos a un ERE. “Si hay un indicio, nos dará igual que sean 15, 100 ó 700 trabajadores”, afirmó.
Según explicó estos indicios pueden llegar “por múltiples vías”, viendo un expediente que contiene una irregularidad “a partir de ahí se puede intuir que puede haber otros expedientes que también los puede tener”.
Hasta el momento, la Junta ha analizado 30 de los 45 ERE vivos, en los que ha encontrado irregularidades en doce expedientes con 37 nuevos casos de personas que estarían beneficiándose de prejubilaciones sin estar en los ERE, más los tres que salieron a la luz en el caso Mercasevilla (en esta empresa, en Río Grande y en Hytemasa).
Además, no descartó la posibilidad de que puedan existir nombres falsos en estos expedientes pero fue tajante: “Por el momento no hemos encontrado ningún nombre falso”. Eso sí, ni quiso confirmar ni desmentir, porque el asunto está en los juzgados, el nombre de las empresas que ayer fueron adelantadas por El País y que son Saldauto, Graficromo, Calderinox, Cydeplast, Hytemasa, Springer Arteferro, Surcolor, Sos Cuétara, Smurfit, Bonpunt, Germans y Cash Lepe.
Las empresas pertenecen a numerosos sectores, como el agroalimentario, metal, textil o fabricación de PET, entre otros, y con ubicación en varias provincias andaluzas, como Cádiz, Sevilla, Málaga, Huelva y Córdoba.
Recio también criticó que las peticiones de dimisión por parte del PP son “constantes” cuando “el Gobierno andaluz lo que hace es ante posibles irregularidades pasarlo directamente a la justicia para que Ésta determine”.
“Otros disparan contra jueces, policías y contra todo lo que se mueve con tal de exculparse en cuanto a las cuestiones que tienen sobre la mesa. Nosotros no, nosotros investigamos, transparencia absoluta y traslado a la justicia, caiga quien caiga”, afirmó.
La Policía Judicial investiga, a partir de las irregularidades detectadas en los ERE de Mercasevilla, si había una trama organizada para beneficiarse del sistema utilizado para cofinanciar los expedientes de regulación de empleo, mediante el uso de empresas intermediarias (Uniter y Vitalia) para incluir a beneficiarios ficticios y obtener la partida correspondiente a la prejubilación, en la que podrían incluirse ex altos cargos del PSOE (al menos son tres, según han revelado los propios socialistas) y que alcanzaría un montante global de 647 millones de euros.
Francisco Javier Guerrero
El puntal de esta investigación está en Francisco Javier Guerrero Benítez, entonces director general de Trabajo, que en su declaración como testigo admitió la existencia de un “fondo de reptiles” para financiar estos ERE. Este jueves emitía un comunicado en el que tachaba de “desafortunada” y “mal entendida” esta expresión (que desconocía se usa para describir los fondos ilegales) y apuntar que él quería referirse a que existía un “fondo para apuros” destinado a combatir los “desajustes del mundo laboral”.
Guerrero asegura que su labor fue desplegada “con las cuentas fiscalizadas y auditadas, actuando siempre por delegación del titular de la Consejería de Empleo y en cada momento dentro del marco de la legalidad establecida”. “No se puede ser tan ruin de medir mi gestión por una frase desafortunada”, lamenta.
Las ayudas en cuestión, según esgrime Guerrero “se han concedido a título individual” para personas “excluidas por crisis de empresas o sectores” pero a la vez “mandatadas por empresas, organizaciones sindicales, ayuntamientos, corporaciones de derecho público, etcétera”.
Guerrero, a quien el PSOE a incoado un expediente de expulsión, niega ser “autor o partícipe de ninguna trama”, pues “toda mi gestión se ha hecho de acuerdo con los instrumentos de gestión que me han otorgado”. Así, concluye su comunicado lamentando el “brutal juicio paralelo” que alega sufrir y reclama a la opinión pública y a los poderes que atienden a “mi declaración firmada” y no “el informe y valoraciones de la Policía Judicial”.
El PSOE insiste en la expulsión de los implicados
Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, ha asegurado que el partido, en el ámbito de sus funciones, no permitirá que “aquel que haya defraudado a lo público y que se haya beneficiado de un puesto de responsabilidad esté entre las filas de la formación”, haciendo así referencia a las irregularidades detectadas en los ERE, tramitados por la Junta.
A preguntas de los periodistas tras un acto de partido, Díaz ha indicado que “quien haya cometido una irregularidad que lo pague, tenga la responsabilidad que tenga o haya tenido la responsabilidad que haya tenido”.
No obstante, sobre los miembros del PSOE a los que se han relacionado con estas irregularidades, ha dicho que “son personas que no tienen ya un cargo de responsabilidad política, que no están en la esfera pública en estos momentos”.
“La responsabilidad judicial reside en los jueces y serán ellos los que tendrán que administrar la justicia, a la que respetamos y con la que colaboraremos para que se esclarezca lo ocurrido”, ha apuntado Díaz, quien ha insistido que, “en el caso de que se demuestre por parte de la justicia que alguien se ha aprovechado de su cargo, nosotros vamos a colaborar estrechamente con la justicia”.
Arenas sostiene que Griñán tapó la trama cuando él era consejero
Mientras, el presidente del PP-A, Javier Arenas, aseguró que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, “tapó” la trama de los EREs irregulares cuando era consejero de Economía y Hacienda y calificó su actitud de “patética” en este asunto.
Tras presidir la Comisión Ejecutiva regional del PP en Puente Genil (Córdoba), Arenas hizo referencia a los informes de la Intervención General de la Junta cuestionando el procedimiento para otorgar las ayudas a los ERE.
Para el presidente de los populares andaluces, ésta es “un prueba palmaria de la responsabilidad” que Griñán tiene que asumir porque, como consejero de Economía y Hacienda, era el encargado de recibir los informes “y tapó lo que se estaba produciendo”.
Además, remarcó que es “imposible” que la Junta desconociera la trama porque “todos los actores están vinculados” al PSOE entre “intermediarios, altos cargos y comisionistas”.
Arenas repitió varias veces el calificativo “vergonzoso” para referirse al hecho de que mientras Andalucía cuenta con 1,1 millón de parados, se destapa un “uso fraudulento” de fondos públicos de empleo. “Es vergonzoso que cuando se están recortando pensiones a españoles, se inventen pensiones ilegales para personas que están cercanas al ámbito del poder”, apuntó.
El presidente del PP-A adelantó que “cuando llegue el Gobierno del cambio” no habrá “uso de fondos públicos sin control del Parlamento y sin control de la Intervención”.
Para el líder popular, “cuando llegue el cambio político se producirá una transición importante de los abusos y malas prácticas actuales a la legalidad administrativa”.
Arenas instó a los miembros de la Comisión Ejecutiva trabajar cara a la victoria del PP en las elecciones autonómicas para que, una vez en el Gobierno, restauren la confianza en la función publica andaluza “que ha sido agredida durante 30 años por un modelo politizado basado en mirar a otro lado cuando estaban pasando las cosas que ahora vemos”.
Por su parte, el Madrid, portavoz del PP, Esteban González Pons, dijo que el vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, tuvo conocimiento en 2005 del que “acabará convirtiéndose en la mayor trama de podredumbre” de la historia de España, en la que el dinero de los parados fue a parar a “los amiguetes del PSOE”.
En rueda de prensa en la sede del PP, González Pons señaló que el caso de los ERE “podridos” comenzó cuando la Junta de Andalucía creó una empresa pública a la que desvió 700 millones de euros destinados a subvencionar ERE “fraudulentos”.
De estas ayudas se beneficiaron, afirmó, trabajadores que no estaban en las empresas que decían, personas que no tenían derecho a la jubilación y otras que “hoy niegan que fueran beneficiadas”.
“No sabemos el montante de dinero ni las personas beneficiadas, pero sí sabemos que todos los beneficiados por los ERE podridos son personas cercanas al PSOE”, denunció.
Según el vicesecretario de Comunicación del PP, el dinero que tenía que haber ido a luchar contra el paro se destinó a pagar “jubilaciones millonarias a los amiguetes del PSOE andaluz”.
Arremetió contra la Fiscalía por “no impulsar esta investigación” e “intentar torpedearla” dentro del proceso que se sigue en los tribunales por el caso Mercasevilla. A su juicio, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, deberá dar muchas explicaciones públicas de su actuación.
Para el PP, lo más grave de todo es que tanto Manuel Chaves, entonces presidente andaluz, como el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, conocían estas irregularidades porque la intervención general advirtió de las mismas en 2005. Según González Pons, el Ministerio de Trabajo es también responsable y tiene que explicar por qué han fallado los mecanismos de control e inspección.
Por su parte, el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, afirmó que los dirigentes del PSOE están queriendo “entregar las cabezas de personas que habiendo tenido participación en la trama no son más que la punta del iceberg, porque los cerebros están más alto”.
Por ello, pidió que la investigación siga su curso y que la Junta de Andalucía interponga una querella contra las personas responsables.
Valderas insta al presidente a cortar las cabezas políticas necesarias
El coordinador regional de IU, Diego Valderas, considera que el caso de los ERE irregulares constituye “el escándalo más grave de toda la historia de la Junta” y recomendó a su presidente, José Antonio Griñán, que procure “cortar las cabezas políticas necesarias” si no quiere que la “epidemia de irregularidades” que sufre la Junta “le afecte directamente a él”.
Valderas tildó de “lamentable” la situación, que si no se “corta de raíz” afectará directamente “al Gobierno y a responsables del Gobierno” porque “el escándalo cruza diez años, tres consejeros y dos presidentes de la Junta”.
Destacó una cuestión “muy clara”, que es que ante los informes que la Intervención General de Hacienda ha puesto en 2005, 2006 y 2007 sobre la mesa, Griñán “o no la ha oído, o se ha hecho el sordo”. A juicio de Valderas, cualquiera de las dos opciones constituye una “clara irresponsabilidad” y, por tanto, “responsabiliza al Gobierno desde el plano político de lo que está ocurriendo”, porque “un Gobierno que es incapaz de controlar a una serie de sinvergüenzas dentro de la Administración, es que es un Gobierno al que le falta responsabilidad y le sobra irresponsabilidad”, ha sentenciado.
En este sentido, recuerda, en lugar de “pedir dimisiones por pedirlas”, su partido ha reclamado una comisión de investigación en el Parlamento, ya que creen que es “el instrumento adecuado para establecer las responsabilidades políticas y administrativas”.
Valderas criticó que el PSOE “sigue vetando la comisión de investigación” y, con ello, “veta la capacidad democrática del Parlamento andaluz”. No obstante, aseguró que su partido va a seguir apostando por la comisión de investigación, y “si alguien tiene que perder la cabeza, deberá perderla”.
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