Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa la consejera de Salud, María Jesús Montero, que ha explicado que esta tarde se personará un inspector en el establecimiento y entregará a su dueño "una resolución provisional de cierre del local, que haga efectiva el cumplimiento de la legislación vigente".
Ha explicado que, si el propietario del asador rebelde no acata voluntariamente la resolución, procederán al "precinto provisional" de las instalaciones "auxiliados por las Fuerzas de Seguridad del Estado".
El dueño del asador dice que con el cierre se comete prevaricación
José Eugenio Arias-Camisón, propietario del restaurante "Asador de Guadalmina de Marbella", cuyo cierre provisional ha ordenado hoy la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por incumplir reiteradamente la Ley Antitabaco, ha manifestado a Efe respecto a esta decisión que "es prevaricación".
El hostelero, que ha creado la asociación Reforma (de la Ley Antitabaco) o Ruina (de la Hostelería), con la que recorre España para recoger firmas contra esta normativa, ha señalado a Efe que le habían "comentado" algo sobre el anuncio de la Junta.
"No pasa nada", ha afirmado Arias-Camisón, quien ha añadido: "Yo sigo con lo mío, sigo igual".
Preguntado si va a poner esta cuestión en manos de sus abogados, el dueño del asador insumiso a la Ley Antitabaco ha declarado: "Si pretenden hacerme eso, es prevaricación, con lo cual tendrán su castigo".
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha anunciado en rueda de prensa que esta tarde se personará un inspector en el establecimiento y entregará a su dueño "una resolución provisional de cierre del local, que haga efectiva el cumplimiento de la legislación vigente".
Ha explicado que, si el propietario del asador rebelde no acata voluntariamente la resolución, procederán al "precinto provisional" de las instalaciones "auxiliados por las Fuerzas de Seguridad del Estado".
La Junta notificó hace unos días una propuesta de sanción de 145.000 euros para este establecimiento por falta muy grave al incumplir reiteradamente un requerimiento de la autoridad sanitaria, documento en el que también se le advertía del posible cierre del negocio.
El despacho de abogados que asesora al dueño del restaurante considera "manifiestamente infundada en Derecho" la intención de la administración autonómica de sancionar al local, contra la que existe un plazo de quince días para presentar alegaciones.
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