Así, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, pidió ayer al Gobierno andaluz que explique si entre los miembros de los ERE de empresas en crisis que recibieron las ayudas de la Junta, y en los que podrían existir irregularidades, se encuentran altos cargos del PSOE que se incorporaron a los mismos una vez que fueron destituidos de alguna institución, en alusión a los “beneficiarios extra o ajenos” de los que habla el atestado de la Policía Judicial, remitido a la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
“Yo le pregunto al Gobierno andaluz si existe algún ERE tramitado por la Junta en el que se hayan pagado prejubilaciones a altos cargos del PSOE en algún municipio”, afirmó Sanz, quien insinuó que estas “recolocaciones” de altos cargos que dejan una institución hayan sido incluidos en los ERE por alguna “amenaza”, pidiendo que aclare si los expedientes investigados se usaron para “resolver conflictos internos” dentro del PSOE, lo que “sería enormemente grave” y “otra pata más” del escándalo.
Al igual que hizo este fin de semana el presidente del PP-A, Javier Arenas, Sanz acusó “directamente” al ex presidente andaluz Manuel Chaves y al actual, José Antonio Griñán, de haber “organizado o al menos conocido” esta “trama indecente” de mal uso de los fondos públicos.
Sanz se refirió al auto judicial que pide a la Policía Judicial que amplíe las investigaciones comenzadas en la empresa Mercasevilla a todas las ayudas y subvenciones de la Junta a ERE de empresas en crisis, y que abarca un periodo de ocho años y que ha contado con un importe de más de 600 millones de euros.
“Es impensable que un movimiento económico de casi 700 millones de euros, y que pueden alcanzar finalmente los 1.200 ó 1.400 millones, por las cantidades pendientes de pago, se haya hecho sin el consentimiento del presidente de la Junta, y máxime cuando Griñán fue vicepresidente económico con Chaves” de presidente, indicó.
Sanz, que volvió a advertir a los socialistas de que “no hay ningún motivo” que impida la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, anunció que su grupo va a trasladar a la Cámara un documento con las “mentiras” del titular de Empleo, Manuel Recio, sobre este asunto, censurando que diga que el procedimiento para las ayudas funcionara correctamente, cuando en realidad “se demuestra que solo ha habido descontrol porque no se ha fiscalizado nada”.
De la misma forma, se ha referido a las declaraciones del ex consejero de Empleo Antonio Fernández en las que habla de que el procedimiento cuestionado ahora se sigue en la Junta “desde hace 20 años”, por lo que el dirigente del PP se preguntó si durante todo este tiempo la Junta ha permitido que “unos golfos” -como se ha calificado a los intermediarios- se hayan aprovechado de ello.
“¿Es creíble que lleven 20 años permitiendo estas golferías y que nadie supiera nada?”, se preguntó Sanz, quien pidió también a la Junta que aclare por qué “prácticamente todos” los ERE se han tramitado “exclusivamente” por dos empresas, Vitalia e Uniter.
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, exigió ayer la comparecencia urgente del presidente andaluz por el uso “irregular” de fondos para prejubilaciones, al no ser “sólo responsabilidad de dos consejeros”, sino que él “también sale tocado si no se aclara adecuadamente”.
Valderas consideró que, ante “un escándalo” como la existencia de un “fondo de reptiles” en Empleo para ayudas a prejubilaciones en empresas en crisis, Griñán debe comparecer y “dar la cara” en el Parlamento, como “máximo responsable” del Gobierno y antes también, desde 2004, de Economía y Hacienda, y “en el terreno presupuestario”, además de exigir una comisión de investigación parlamentaria “que ponga luz y taquígrafos”, al tratarse de “casi 700 millones que se han utilizado de forma irregular”.
El PSOE rechaza la comisión y estudia acciones legales contra Guerrero
Por su parte, el PSOE-A se opondrá a que el Parlamento andaluz constituya una comisión de investigación sobre el caso Mercasevilla, aunque estudia acciones judiciales contra Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, al que ha expulsado del partido.
Ambas decisiones fueron tomadas ayer por la Ejecutiva regional del PSOE-A, que anunció que está estudiando una querella contra Guerrero que rubricó los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos entre 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, y declaró a la Policía sobre la existencia de un “fondo de reptiles” para subvencionar expedientes de regulación de empleo o respaldar a “empresas en crisis”.
Momentos después de mantener una reunión con el consejero de Empleo, Manuel Recio, en la sede socialista, la secretaria de Organización, Susana Díaz, destacó que su partido “seguirá manteniendo” una actitud “activa” en este asunto para llegar hasta las “últimas consecuencias”.
La dirigente socialista sostuvo que las actuaciones de la Junta y de los distintos consejeros de Empleo se han ajustado a la legalidad y calificó de “lamentable” que se haya querido involucrar en este asunto al candidato a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, con una información “absolutamente falsa”.
Díaz anunció que hoy la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ofrecerá todo tipo de detalles sobre los distintos expedientes de regulación de empleo, cuyas partidas -dijo- están “perfectamente constatadas” en los presupuestos de la Junta.
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