La delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha presidido una nueva reunión de coordinación de la comisión contra las agresiones al personal sanitario de la provincia, en la que se ha acordado "reforzar las medidas preventivas en los hospitales y demás centros sanitarios para acabar con este tipo de situaciones".
Tal y como ha indicado la Administración autonómica en una nota, según ha adelantado Botella, "se plantea celebrar comisiones de seguimiento de agresiones en los propios centros, compuestas por miembros de la dirección, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y profesionales guía para el estudio y valoración de estos casos".
Otra de las medidas se refiere a potenciar la colaboración con los trabajadores sociales para promover un cambio en el modelo de comportamiento de los usuarios y acompañantes, a través de asociaciones de pacientes y usuarios, así como implantar formación adicional a los trabajadores sobre técnicas de escucha activa, habilidades de comunicación efectiva, desescalada verbal, entrevista y comunicación en situaciones especiales.
Igualmente, otras de las posibles soluciones tienen que ver con el diseño de los puestos de trabajo y cambiar la disposición del mobiliario para que los trabajadores tengan acceso rápido a zonas seguras. También se plantea la realización de simulacros de agresión o ejercicios prácticos para formar a los profesionales y dotarlos de herramientas prácticas, así como llevar a cabo refuerzos del sistema de control de acceso al centro.
Por último, se ha acordado informar a los delegados de prevención de las convocatorias formativas relacionadas con las agresiones, programar sesiones informativas con el Servicio de Seguridad para que conozcan el Plan de agresiones del SAS y analizar el apoyo rápido y efectivo de este personal para evitar o reducir agresiones y mejorar los tiempos de respuesta. Asimismo, se incluye un análisis continuo de las zonas donde se produce un mayor número de agresiones para que los vigilantes de seguridad se personen en esos puntos.
El Plan de Prevención y Atención a las Agresiones se puso en marcha en 2020 tras el acuerdo unánime de la Mesa Sectorial de Sanidad para encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de estos ataques verbales o físicos.
Este plan ha permitido crear la figura del 'profesional guía', con el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al profesional sanitario que sufre una agresión. Igualmente, habilita canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión no se encuentre sola momentos después de sufrir la misma. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario. Asimismo, refuerza las medidas de seguridad en los centros sanitarios y lugares de trabajo.
Por último, mejora la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, los profesionales de los centros sanitarios y las asesorías jurídicas provinciales. Las reuniones de coordinación de la comisión contra las agresiones al personal sanitario de la provincia permiten abordar cuestiones prácticas para evitar agresiones, así como resolver dudas y problemas que surgen en el manejo de este tipo de situaciones.
También, María Jesús Botella se ha referido a la nueva Ley de Función Pública andaluza para incidir en la protección de los profesionales sanitarios frente a agresiones. En este sentido, la delegada recuerda que dicha ley estipula que "los profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida por la legislación vigente en el desempeño de sus funciones".
La comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios es un instrumento contemplado en el Plan de Prevención y Atención frente a agresiones a profesionales del Sistema de Salud Público de Andalucía que entró en vigor hace tres años con el objetivo de encontrar puntos de mejora para disminuir los ataques físicos o verbales a los profesionales sanitarios.
La comisión, presidida por la delegada de Salud y Consumo, cuenta con la participación de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la asesoría jurídica del Servicio Andaluz de Salud (SAS), los referentes en materia de agresiones de los hospitales, distritos, áreas sanitarias, así como el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de la provincia.
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