En rueda de prensa, el vicesecretario general del PP andaluz, Ricardo Tarno, entregó a la prensa una copia de la declaración de Guerrero ante la Unidad Adscrita de la Policía Judicial de Sevilla en la que dice que este fondo consistía en una transferencia al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), transformado luego en Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Esta institución ha dispuesto desde 2000 hasta la fecha de un total de 647.869.157,45 euros, según Tarno, quien añadió que el testimonio de Guerrero fue enviado por la Policía Judicial a la juez Mercedes Alaya, que investiga el “caso Mercasevilla”.
El vicesecretario general del PP-A señaló que Guerrero reconoce que las ayudas no se tramitaban “como una subvención excepcional”, sino con un procedimiento distinto, como un “fondo de reptiles para crisis, una masa económica para crisis que tenían que afrontar con empresas que necesitaban respirar”.
Guerrero, según explicó el dirigente del PP, reconoce que el procedimiento que se seguía en su departamento para las ayudas a los ERE era “un asunto no regulado”, que hubo debates para ello “con ocho borradores de decretos y diez borradores de órdenes, pero que nunca se llegaron a tramitar”.
Según el testimonio de Guerrero ante la Policía Judicial, el procedimiento para abonar las ayudas empezaba con un concierto con el IFA, mediante el cual la partida presupuestaria se transfería directamente de la Tesorería de la Junta de Andalucía a “la caja” del IFA, y se efectuaban órdenes de pago, en función de los ingresos que se iban obteniendo y los compromisos adquiridos.
En el informe de la Policía se pone de manifiesto que en esas ayudas para las prejubilaciones en empresas en crisis se debería haber seguido un procedimiento de subvención “reglada” o un procedimiento de otorgamiento de una subvención “excepcional” si se reunían los requisitos para ello.
Además, la Junta tenía que dar publicidad a las subvenciones excepcionales, algo que, según el PP, la policía constata que “no se ha cumplido en este caso” porque no se ha encontrado referencia alguna en el BOJA “salvo una que data del 6 de febrero de 1999”.
Tarno considera que la Policía Judicial aprecia que hay “vicio de nulidad de pleno derecho” de todos los actos que Guerrero ha adoptado para la disposición de fondos públicos “sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello”, por lo que propone revisar jurídicamente su actuación.
También declaró que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, “no tiene más remedio” que comparecer en el Parlamento para explicar qué es lo que miembros de su actual gobierno o de los anteriores sabían de este asunto, ya que se puede estar ante “el mayor escándalo de uso fraudulento de fondos públicos durante la autonomía” andaluza.
La Junta dice que jamás ha tenido fondos ilegales
El Gobierno andaluz afirmó ayer que “ni tiene ni ha tenido jamás fondos ilegales” después de la denuncia sobre el testimonio del ex alto cargo de Empleo de que existían “fondos de reptiles” para subvencionar prejubilaciones y despidos.
Según un escueto comunicado de la Consejería de Empleo, han tenido conocimiento de estos hechos a través de los medios y “es la más activa colaboradora” de la Justicia, a la que ha remitido y remitirá la documentación que le demanden, apuntando que las declaraciones de Guerrero “responden a una declaración de parte e interesadas”.
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