El juicio contra la excúpula de UGT de Andalucía por una supuesta trama de facturas falsas para desvíar 40 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para los cursos de formación se reanuda este lunes con la declaración del exsecretario regional del sindicato, Francisco Fernández Sevilla.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla enjuicia a Fernández Sevilla y a otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas
Junto a Fernández Sevilla se juzga al que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la exsecretaria de Gestión Económica, María Chapín; la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea, y otras diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
La Fiscalía Anticorrupción reclama siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para Fernández, al igual que para Fresneda, Charpín y Goicoechea, mientras que para Dolores Sánchez reclama cinco años y 50 millones.
Para los otros diez acusados, que eran los proveedores de UGT Andalucía, la Fiscalía reclama tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros -3.600 euros-, mientras que se pide que Fernández, Fresneda, Charpín y Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.
Una instrucción de diez años
Esta macrocausa se celebra diez años después de que la iniciara el juzgado de instrucción 9 de Sevilla y se viera retrasada debido a que se realizaron complejos informes periciales necesarios para el esclarecimiento de los hechos, de forma que no fue hasta mayo de 2021 cuando se remitió la causa.
La Fiscalía Anticorrupción centra la acusación en 14 expedientes de subvenciones otorgadas por el sindicato y recoge como mecanismos para defraudar la creación de la central de compras y la utilización de instrumentos como el 'rápel' y el 'bote' con los que supuestamente se financiaba el sindicato.
La central de compras, según el Ministerio Público, fue inspiración directa de Manuel Pastrana, ex secretario general de UGT-A, que no ha sido juzgado por motivos de salud, y continuó con la misma Francisco Fernández. Su objeto inicial era centralizar la relación con los proveedores de sindicato regional, al que se fueron uniendo las distintas uniones provinciales así como empresas y fundaciones vinculadas a UGT.
El rápel era un descuento a través del que se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor "soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato", de forma que posteriormente, ante la administración -la Junta de Andalucía- el sindicato presentaba factura sin ese descuento.
Facturas simuladas
El bote consistía en elaborar "facturas simuladas" que pasaban a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros y siempre "previo pago de esas facturas", de forma que UGT realizara actividades al margen de las subvencionadas a cargo de ese bote, según la Fiscalía
El juicio se reanudó en marzo casi un mes después de que se interrumpiera debido a los problemas de salud del presidente de la sección tercera, Ángel Márquez, y durante las sesiones comparecieron desde los agentes de la UCO que investigaron el caso hasta los antiguos trabajadores del sindicato.
Especial relevancia tuvo el testimonio de Roberto Macías, antiguo empleado de UGT-Andalucía quien fue condenado por revelación de secretos por la sustracción de información confidencial de los servidores del sindicato
Macías denunció durante su comparecencia la existencia de una "facturación fraudulenta" respecto a algunos proveedores por unos servicios que no se habían realizado o se realizaron por un importe inferior, lo que generaba un bote que denominó "fondo de reptiles" e incluso que la actuación del sindicato tenía "prácticas de organización mafiosa".
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