Así lo han manifestado a Efe fuentes de Interior, que han asegurado que el Gobierno aún no había decidido la expulsión de estos saharauis, a pesar del auto emitido por la Audiencia Nacional en la que rechazaba la concesión del asilo para estas personas.
La solicitud del Tribunal de Estrasburgo se fundamenta en la aplicación del artículo 39 de su reglamento que se aplica ante “un riesgo inminente de daño irreparable” que suponga una amenaza contra la vida o malos tratos.
No obstante, el TEDH solamente se ha pronunciado sobre los 13 primeros casos presentados por la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), que había solicitado al tribunal que aplicara esta medida urgente por los problemas que tendrían los expulsados con las autoridades marroquíes, debido a su origen étnico.
Ayer, la Audiencia Nacional también autorizaba la expulsión de otros dos saharauis sobre los que aún no se ha pronunciado el Tribunal de Estrasburgo.
Se da la circunstancia de que es la primera vez que este tribunal pide a España la aplicación de medidas provisionales en un caso de expulsión de ciudadanos saharauis.
El coordinador de Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Juan Carlos Lorenzo, afirmó ayer que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de pedir a España que suspenda la expulsión de 13 saharauis que pidieron asilo evita esa expulsión “por ahora”.
Según Lorenzo, la decisión del Tribunal de Estrasburgo es vinculante para el Gobierno español y confió en que la corte europea se pronuncie en el mismo sentido cuando, en los próximos días, tenga que resolver sobre la situación de los otros dos saharauis cuya expulsión fue autorizada este lunes por la Audiencia Nacional.
CEAR solicitó como medida cautelar la suspensión de la expulsión decretada por la Audiencia Nacional el pasado viernes y, en opinión de Lorenzo, el hecho de que hayan obtenido una respuesta afirmativa, implica que “estas personas no podrán ser expulsadas en tanto se entre en el fondo de la cuestión”.
Lorenzo afirmó que los saharauis “merecen al menos la protección inicial que dispensa la admisión a trámite”, en relación con su petición de asilo político.
Los 13 ciudadanos saharauis llegaron a Fuerteventura en una lancha neumática el pasado 5 de enero y pidieron asilo político.
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