Desde España, donde se encuentra para participar en la entrega del premio Jovellanos 'Resistencia y Libertad', Allende consideró que la apertura de esta causa "es una deuda pendiente de la Justicia para reconocer los numerosos delitos cometidos en esa fecha, identificando a quienes participaron y estableciendo sus responsabilidades penales, y conocer toda la verdad de ese día".
No obstante, la senadora matizó que en el transcurso de estos 37 años, la familia nunca ha creído la versión oficial sobre la muerte del ex mandatario, que señala que éste se suicidó en el transcurso del golpe de Estado en su contra, liderado por el general Augusto Pinochet.
"Si bien la familia no tiene dudas respecto a la decisión del presidente Allende de defender con su vida la democracia, es importante que se realicen todas las acciones judiciales que busquen establecer la verdad de todas las muertes y desapariciones desde el 11 de septiembre de 1973", reza el comunicado divulgado por la senadora y recogido por el diario 'El Mercurio'.
Así, Allende confió en que "el Estado colabore al máximo" en la investigación de estos hechos que implicaron la peor dictadura que han padecido los chilenos", al tiempo que manifestó la disposición de la familia a cooperar en el procedimiento "con todos los antecedentes que sean requeridos".
En referencia a lo ocurrido aquel día, la senadora aseveró que la intención era eliminar a su padre, ya que "hubo un ataque premeditado de las Fuerzas Armadas" en el que se bombardeó la casa de Gobierno "en el instante en que se encontraban numerosas personas en su interior, incluyendo al presidente Allende, su familia y varios de sus asesores".
"Ese acto buscaba, además de derrocar a las autoridades legítimamente elegidas, doblegar la voluntad del presidente, humillarlo y finalmente eliminarlo físicamente. Así se ha evidenciado en los registros de las conversaciones de Pinochet con el resto de los conspiradores", afirmó.
Se calcula que durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) unas 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecieron. Por estos crímenes fueron condenados unos 110 militares, de los cuales solo 22 cumplen penas efectivas, según cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile.
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