Fuentes del caso han informado a Efe de que las defensas de los acusados -el alcalde y el entonces concejal de Obras y Servicios, Juan Carlos Benítez (PSOE)- formularon cuestiones previas ante el magistrado presidente del jurado popular, ante el que alegaron su indefensión y pidieron que se declarase la incompetencia de dicho tribunal.
El magistrado desestimó todas las cuestiones planteadas por la defensa, que recurrió en apelación ante la Sala de lo Penal del TSJA en Granada, donde han sido desestimados íntegramente los recursos en una resolución contra la que no cabe recurso, han añadido las fuentes.
Por ello, el juicio se celebrará en los próximos meses ante un jurado popular, donde la Fiscalía de Sevilla solicitará para el alcalde cuatro años y nueve meses de cárcel, mientras que la acusación particular, que ejerce el abogado Emilio Lechuga en nombre de IU y el Partido Independiente de La Puebla, pedirá seis años y nueve meses. Ambos políticos están acusados de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y tentativa de ocultación de documentos.
Según el auto de apertura de juicio, desde su toma de posesión en julio de 1999, Álvarez disponía de un móvil pagado por las arcas municipales y destinado “exclusivamente al ejercicio de sus funciones públicas”.
Sin embargo, el alcalde “lo usaba para sus propios intereses privados, originando cuantiosos gastos” que fueron abonados con fondos públicos, y en concreto entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 gastó 6.098 euros en llamadas a una misma destinataria “a la que le unía un vínculo ajeno a la función pública”.
Cuando el portavoz de IU solicitó copia de las facturas telefónicas, el ex concejal Benítez “conociendo los hechos cometidos por el alcalde, a petición de éste y con la finalidad de impedir su descubrimiento” manipuló las facturas mediante un escáner y modificó los teléfonos destinatarios. Luego, devolvió las facturas manipuladas al archivo municipal para que fueran mostradas al portavoz de la oposición, añade el juez.
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