La demanda, que se une a la presentada por los colectivos conservacionistas Ecologistas en Acción y Greenpeace, solicita que se revoque el acuerdo de la corporación municipal de 11 de agosto de 2009 por el que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en lo al sector S-T1 conocido como El Algarrobico y el Sector S-T2, el Canillar para que estos figuren como suelo no urbanizable, según ha informado el colectivo.
El recurso contencioso-administrativo se interpone ante el Alto Tribunal que, por la aprobación de esta herramienta de planeamiento, el pasado mes de julio prohibió de manera personal al alcalde, Cristóbal Fernández, (PSOE), que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtió de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia al estar pendiente de resolución judicial cuál ha de ser la calificación del suelo.
Salvemos Mojácar ha señalado que más de doce sentencias respaldan que El Algarrobico y su entorno son suelo protegido al tiempo que ha subrayado que los sectores fijados por el pleno carbonero vulneran la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), así como normativas regionales, estatales y europeas que “pueden conducir a la retirada de fondos de cohesión a España como propone el informe Auken del Parlamento Europeo”.
En esta línea, atribuye al ayuntamiento una presunta “desviación de poder” al no adaptar el PGOU al Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y asegura que la Junta estaría en “connivencia” con el Consistorio según se desprende de un informe preceptivo emitido por la ya extinta Consejería andaluza e Vivienda y Ordenación del Territorio en el que se insta al que la nueva norma urbanística califique El Algarrobico como “suelo urbano consolidado”.
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