Las repercusiones del informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) denunciando el "muy alarmante déficit" de funcionarios judiciales en la Comunidad, tanto en el ámbito judicial como en el funcionarial, derivaron ayer en el reto de la titular de Justicia y Administración Pública andaluza, Evangelina Naranjo, al juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, para que cumpla su amenaza de reducir a la mitad el número de juicios el próximo año.
Naranjo respondía en Madrid, donde asistía a la reunión de los responsables autonómicos de Justicia con los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a las afirmaciones del juez decano de Córdoba en las denunciaba la falta de medios y en las que advertía que, si no se revertía esta situación, reduciría a la mitad el número de juicios para el 2009.
El juez comentó que los juicios urgentes se van a resolver siempre y los que no se fijen quedarán pendientes para el año siguiente, "y esto en dos años, permítame la expresión, revienta", añadió.
Ante estas afirmaciones, Evangelina Naranjo repondió ayer al juez recordándole que "es un poder del Estado" y retándole a que, si ésta es su posición, "que lo haga".
Esta amenaza también obtenía respuesta de la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, quien avisaba que no apoyará respuestas "drásticas" de los jueces ante el colapso judicial, apuntando que "determinadas medidas no van a favorecer el normal funcionamiento del servicio público". "El Consejo lamenta que se anuncien medidas tan drásticas, pero esperamos que no se lleven a cabo", remachó.
"Confiamos en que los jueces van a entender que les estamos apoyando y que cualquier medida que perjudique al servicio público y en definitiva al ciudadano, la ciudadanía no lo entenderá, pero van a tener nuestro apoyo en las reivindicaciones, porque aún siendo históricas es necesario abordarlas", manifestó.
Naranjo tampoco se libraba ayer de las críticas. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) acusó ayer a la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía de "incompetente para hacer frente a los problemas reales" del sector judicial que "cada vez son más alarmantes".
Apoyando el informe del TSJA, este sindicato apuntó que la plantilla de muchos órganos judiciales es "claramente deficitaria" a tenor de las cargas de trabajo existentes, que son "inaceptables e inasumibles", criticando que las bajas "sigan sin cubrirse al menos hasta que hayan transcurrido 40 días". Para STAJ, el informe elaborado por el TSJA refleja "una evidencia más de la ineficacia de la Consejería de Justicia y Administración Pública para gestionar los medios humanos al servicio de la Administración".
"Lo más grave" para el sindicato es que la Consejería de Justicia "se niega a reconocer sus propios errores", como "es el caso de los juzgados de nueva creación que entrarán en funcionamiento a finales de diciembre, que serán nuevamente cubiertos por personal que no pertenece a las bolsas de trabajo, haciendo oídos sordos a la solicitud presentada por este Sindicato para que dichos órganos sean cubiertos por personal titular mediante comisiones de servicio o por personal interino perteneciente a las bolsas de trabajo".
Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció ayer que pedirá al Parlamento andaluz la creación de un grupo de trabajo para estudiar la situación de la justicia en esta comunidad, que consideró "caótica" por la "falta de medios materiales y personales". En rueda de prensa en Lepe (Huelva), afirmó que está dispuesto a llegar a un acuerdo con el presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, para "mejorarla", aunque culpó de su estado a la Junta de Andalucía, que es la que "tiene las competencias desde hace diez años". Añadió que si las competencias pasan del Estado a un Gobierno autonómico es para "gestionarlas mejor y no al contrario, como está ocurriendo".
Instituciones de arbitraje para evitar más conflictos
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Antonio Chamizo, propuso ayer la creación de instituciones de arbitraje para conflictos sociales que pueden resolverse por vías alternativas a la judicial, teniendo en cuenta el alto número de litigios de este tipo que llegan a los tribunales.
A preguntas de los periodistas, tras la presentación el porta web 'Kiddia' de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Chamizo aseguró que el informe del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) -que señala un "muy alarmante déficit" de funcionarios en Andalucía-, "no se puede rebatir", ya que los juzgados se encuentran en una situación "preocupante", aunque insistió en que "no se puede seguir judicializando la vida".
Así, explicó que los conflictos que anteriormente se resolvían dialogando, en la actualidad son llevados "directamente" a los juzgados, por lo que se mostró "sorprendido" por la alta cuantía de conflictos vecinales que terminan llegando a esta vía.
"Claro que hacen falta más juzgados, pero también es necesaria una mayor concienciación social sobre la adecuada utilización de la Justicia", añadió el Defensor.
En este sentido, insistió en la necesidad de crear instituciones de arbitraje que medien en los conflictos sociales a modo de las existentes en el ámbito laboral para evitar que numerosos conflictos sociales aumenten el volumen de trabajo de los juzgados andaluces.
Por último, dejó clara la necesidad de ampliar las medidas que se toman en este ámbito, así como en el área carcelaria, donde reiteró su propuesta de reformar el código penal de manera que permita que a los delitos que "no sean graves" se les apliquen medidas de control y seguimiento de tercer grado.
El Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó el pasado martes un estudio confeccionado para evaluar la situación de la justicia que ha detectado un "muy alarmante déficit" de funcionarios en Andalucía de un total de 1.719 plazas en los 617 órganos judiciales de la comunidad autónoma, excluyendo los juzgados de paz, lo que supone que la Consejería de Justicia únicamente cuenta con un 70,8% de titulares para atender la totalidad de los puestos de trabajo, 5.898.
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