“Suelo hacer valoraciones sobre hechos ciertos y me remito a lo que los órganos de gobierno de Unicaja como de Ibercaja planteen en este sentido”, declaró Ávila, a preguntas de los periodistas durante la presentación del proyecto de fusión de las sociedades de capital riesgo andaluzas en una única sociedad que se prevé que esté en funcionamiento la próxima primavera sumando un capital social de 55 millones de euros.
El consejero destacó que Unicaja es una caja de ahorros “con una fortaleza demostrada” tanto en las pruebas de solvencia como por sus resultados y “las valoraciones por parte de terceros”.
En su opinión, la entidad andaluza “tiene la suficiente libertad, dada su fortaleza, como para querer seguir fortaleciéndose o no; me remito a lo que los órganos de gobierno vayan haciendo y diciendo y no tengo constancia de ninguna comunicación de los órganos de gobierno al respecto”.
“Los órganos de gobierno de Unicaja, hasta donde yo sé, no están convocados y no han hecho ninguna propuesta en este sentido; por tanto, no puedo entrar a valorar algo que no existe”, concluyó Ávila.
El consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, consideró el martes que es “lógico” que en el proceso de fusiones de las entidades de ahorro “todo el mundo hable con todo el mundo”, al ser preguntado por la noticia de que Ibercaja y Unicaja podrían haber iniciado contactos para una fusión, que publicó el diario El País.
Mientras, Banca Cívica anunció ayer la firma de su acuerdo laboral, que supone la incorporación de Cajasol y establece las condiciones de reestructuración de la plantilla del grupo, que prevén 1.100 prejubilaciones en los próximos dos años, según informó la entidad.
Según explica Banca Cívica, las prejubilaciones afectarán a aquellos empleados de 55 años o más, que conservarán el 83,5% de su salario bruto, aunque cada una de las cajas que integran el grupo -Navarra, Canarias, Burgos y Cajasol- pueden rebajar la edad mínima hasta los 54 años.
La firma del acuerdo, explica Banca Cívica, “refuerza las garantías de los trabajadores que pasan de las cajas al banco”, de forma que garantiza las condiciones sociales de la caja de origen hasta el final del periodo negociador que debe desembocar en la firma de un convenio, que incluye también la aplicación del convenio nacional y su aplicación progesiva en un plazo de tres años.
Asimismo, el acuerdo minimiza la movilidad derivada de la reestructuración, que será “con carácter general” voluntaria, y fija las compensaciones en caso de que esa movilidad sea “necesaria”.
Mientras, la asamblea general de Caja de Burgos aprobó ayer la integración de Cajasol en Banca Cívica, la tercera y última aprobación que restaba de las entidades de Banca Cívica, por lo que sólo está pendiente la aprobación por parte de la asamblea de Cajasol y las preceptivas autorizaciones de los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Andalucía, ya que cuenta con el visto bueno del Banco de España.
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