En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, afirmó que el Gobierno analizará mañana la posibilidad de prorrogar el estado de alarma, que "a día de hoy no está descartada", y que en todo caso, será el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien lo proponga al Consejo de Ministros, aunque "no es preceptivo", para posteriormente pedir la autorización en las Cortes.
Blanco se mostró convencido de que en virtud de los cuatro procesos abiertos para depurar responsabilidades habrá controladores que serán despedidos, por "falta muy grave", al haber abandonado su puesto de trabajo, y otros a los que se les retirará la licencia.
"Creo que se van a dar todos los supuestos. Habrá responsabilidad civil y penal", apuntó, para añadir que "los promotores de sabotaje todavía no han alcanzado a ver las consecuencias y daños que por su forma de actuar han causado al país".
En esta línea, explicó que existe un proceso penal, que podría suponer penas de entre tres y ocho años de cárcel, y un proceso civil, que buscará la responsabilidad sobre los daños causados.
Además, la vía administrativa abierta por AENA, que investiga la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y que podría traer consigo la retirada de la licencia de controlador por vulnerar la Ley de Seguridad Aérea, y finalmente, la laboral, conforme a los 442 expedientes abiertos por el ente, que podrían derivar en la pérdida del puesto de trabajo, en caso de falta muy grave, o la suspensión de empleo y sueldo.
El titular de Fomento aseguró que el Gobierno "garantizará el tráfico aéreo para las próximas Navidades y para todos los días del año" como es su obligación, aunque reconoció que "pueden surgir problemas e incidentes de recorrido".
Tras insistir en que los controladores "habían sometido al Estado a un estado de excepción permanente", que llevó al Gobierno a tomar "decisiones imprescindibles", reconoció que las resistencias del colectivo a las reformas aplicadas fueron creciendo hasta la situación desatada hace ahora una semana.
"Es verdad que la gran mayoría de los controladores quiere trabajar y cumplir con su deber, pero muchas veces se siente coaccionados y obligados por un grupo que les dirige y coordina", ha señalado.
"NO ES NECESARIO MÁS PERSONAL".
Blanco recordó que con la aplicación de la nueva ley, los controladores trabajan menos que en años anteriores y cobran bastante menos. Así, incidió en que entre 2008 y 2009 algún controlador cobró 900.000 euros brutos, "unos 150 millones de las antiguas pesetas en sólo dos años", y que sólo el año pasado alguno llegó a cobrar casi un millón de euros.
"Un solo controlador cobró lo que pueden cobrar los profesores de un colegio o todos los miembros de una comisaría y el triple de lo que cobra un catedrático de universidad", puso como ejemplo, para añadir que Fomento ha tratado de equiparar sus salarios con la reforma emprendida desde febrero. "Un camino no exento de dificultares, pero sin retorno, que se llevará hasta las últimas consecuencias", zanjó.
El titular de Fomento hizo hincapié en que España es el segundo país europeo en número de controladores y el cuarto en operaciones por controlador, por lo que el ratio de operaciones por controlador está por debajo de la media europea. "Esto demuestra que no es necesario más personal", indicó.
No obstante, señaló que con la nueva ley, que introduce la liberalización de la formación de controlador y abre la posibilidad a que nuevos proveedores puedan prestar servicios de control en algunas torres, habrá "más controladores en el mercado".
De esta forma, se abrirá también un nicho de oportunidad para los 3.000 pilotos que en España se encuentran en paro. De hecho, Blanco aseguró que de los 3.000 candidatos que se presentaron en julio a los cursos de Senasa, más de 1.000 eran pilotos, un gremio que por su formación facilita su incorporación de forma más rápida.
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