La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y el concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, han mantenido este míercoles una reunión con una representación del comité de empresa de Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (Veiasa) de Cádiz, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía y cuyo plan de reorganización supone el cierre del laboratorio provincial de metrología que la empresa pública tiene en San Fernando, uno de los ocho repartidos por la geografía andaluza.
Su posible cierre, articulado junto al de otros dos centros en las provincias de Málaga y Sevilla, supondría la modificación de las actuales condiciones laborales de la plantilla además de la importante pérdida de un servicio esencial que desde hace más de tres décadas se viene prestando a la ciudadanía para verificar la fiabilidad de los contadores de agua, gas o electricidad, de los taxímetros y los surtidores de las gasolineras, entre otras calibraciones acreditadas. El personal técnico de Veiasa realiza además calibración de básculas, balanzas y ganchos y pruebas de pesado en el caso de conflictos entre empresas proveedoras y comercios. “El cierre de esta sección es un disparate y, mucho nos tememos, abre de par en par la puerta a la privatización de un servicio público más. ¿Si hoy proponen bajo el eufemismo de una reestructuración el cierre del laboratorio de metrología de San Fernando, cuál va a ser el siguiente paso, la privatización de la inspección técnica de los vehículos?”, se pregunta el concejal de Desarrollo Económico, quien destaca el perjuicio que esta decisión del Gobierno andaluz generaría entre las y los consumidores y el tejido empresarial de toda la provincia.
“La posición del Ayuntamiento de San Fernando al respecto es clara. Las trabajadoras y los trabajadores públicos necesitan de instituciones que protejan y defiendan lo que es patrimonio de toda la sociedad, instituciones cuya prioridad sea blindar y garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en beneficio de, en el caso de Veiasa, miles de consumidores, comerciantes o taxistas”, añade Rodríguez, quien lamenta que la Junta sacrifique una vez más “la rentabilidad social y la atención a la ciudadanía por intereses económicos”. De cerrarse el laboratorio de metrología ubicado en la calle Santo Entierro, advierte, “muchos ciudadanos, empresarios y autónomos tendrán que verse obligados a desplazarse a otros centros”.
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