Dado que la propia compañía ha confirmado que Fontela González no pertenece o ha pertenecido a la plantilla de Mercasevilla, el propio consejero de Empleo, Manuel Recio, ha ordenado una “investigación interna” en cuanto a “todos y cada uno de los casos” contenidos en el ERE de 2003, al objeto de resolver si el procedimiento, “reconocido e incentivado” por la Junta , contiene alguna otra “anomalía”.
Recio ha informado de que una vez conocido el caso de María del Carmen Fontela González, cuyo nombre figura en el ‘estudio de prejubilaciones’ del procedimiento y en el protocolo de colaboración suscrito entre Mercasevilla y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, su departamento ha dado “traslado inmediato” del asunto al Juzgado de Instrucción 6.
Este juzgado investiga en torno a Mercasevilla un posible intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, supuestas irregularidades en la enajenación de los suelos del mercado y un presunto delito societario.
En esta última línea de investigación, además, se incluye el expediente de regulación de empleo promovido en 2007, de cuya financiación se desliga el Gobierno andaluz y en dos de cuyos documentos figuraba como aspirante a la prejubilación el ya ex miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, una persona también ajena a la empresa.
“Hemos encontrado nueva beneficiaria indebida”, ha dicho el consejero, quien ha insistido en que su departamento ha dado “traslado inmediato” del caso a la juez Mercedes Alaya al objeto de que “lo tenga en conocimiento y actúe”, dado que la propia dirección de Mercasevilla ha constatado que esta mujer no pertenece o ha pertenecido a la plantilla.
Fontela González figura en el estudio de prejubilaciones y en el protocolo de colaboración, pero no está incluido en los documentos formalizando la “salida” de los trabajadores acogidos al ERE de 2003.
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