El número de imputados por supuesto fraude a la Seguridad Social en Granada asciende a unos 200, todos empresarios y trabajadores de la provincia granadina, que fueron detenidos como resultado de una operación policial que comenzó el pasado lunes.
Así lo señaló a los periodistas el subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, quien informó de que la investigación, que se inició hace un año, partió de una denuncia del Instituto Nacional de Empleo (INEM) de Granada.
Los servicios centrales de la Policía Nacional son los encargados de la operación, que instruye un juzgado de Madrid, aunque los posibles implicados han estado prestando declaración en tandas de 30 personas en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, en Granada.
Por su parte, según informaba a Efe la directora de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, Inmaculada Hidalgo, al menos seis empresas granadinas, que carecían de actividad, están implicadas en este supuesto fraude a la Seguridad Social.
Inmaculada Hidalgo precisó que los administradores de las empresas supuestamente implicadas en el caso de fraude eran los mismos en todos los casos.
Además, indicó que ninguna de dichas entidades genera actividad y añadió que "incluso" hay alguna que ahora mismo no tiene trabajadores dados de alta.
Las sospechas de fraude comenzaron a producirse entre los trabajadores de la Tesorería General al detectar que había algunas empresas que generaban un alto volumen de deudas a la Seguridad Social en un periodo de tiempo muy corto.
Tras ponerlo en conocimiento de una unidad especializada contra el fraude, ésta realizó una inspección y descubrió que estas entidades no generaban actividad.
Además, se detectó que en las mismas fechas en que se produjeron las deudas a la Seguridad Social el Instituto Nacional de Empleo recibió un alto número de solicitudes de prestaciones por desempleo y de otro tipo por parte de los trabajadores de las mismas empresas.
Tras realizarse estas pesquisas y sospechar de la existencia de fraude la Tesorería General, junto con la dirección provincial del Inem en Granada, mandó un informe a la Policía.
Aún no se tienen datos de la cantidad que podrían haber defraudado a la Seguridad Social los imputados ni si éstos conformaban una red que podría afectar a más provincias. La estafa que se les imputa consiste en la contratación de personas para conseguir cotizaciones para la jubilación u otras prestaciones.
La operación, la más importante desplegada en Granada por el número de posibles implicados, sigue abierta, por lo que, por ahora, no se descarta que haya más imputados en los próximos meses.
Por otro lado, el delegado del Gobierno de Andalucía, Juan José López Garzón, confirmó, en declaraciones a los periodistas en Jaén, que la investigación se centra en Granada, si bien no se descarta actuar en consecuencia si de la declaración de los imputados se desprendiera algún dato que implicara a más personas de otra provincia.
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