El presidente del alto tribunal andaluz, Augusto Méndez de Lugo, entregó ayer el documento, aprobado por unanimidad por la Sala de Gobierno del TSJA, a la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, y a los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunidos hoy en Granada.
El informe servirá, en opinión de Méndez de Lugo, de "herramienta útil" de trabajo para afrontar las carencias de la justicia en Andalucía y además para el estudio encargado por la Consejería a una empresa especializada para analizar el rendimiento del personal de la administración de justicia, según señaló ayer a los periodistas antes de la reunión del pleno de la Sala de Gobierno del TSJA.
Según consta en el citado estudio, facilitado a Europa Press, para cubrir el "déficit" de 1.719 plazas, las Delegaciones Provinciales de Justicia sólo pudieron disponer de 1.178 funcionarios de la bolsa de interinos e incluso "fue preciso acudir para cubrir esas vacantes a la contratación de 399 trabajadores demandantes de empleo ante el SAE que, con nula experiencia y sin preparación previa, se vieron convertidos en funcionarios de justicia al frente de un ingente volumen de expedientes, incapaces de tramitar e incluso comprender".
Así, la Administración Autonómica padece "un muy alarmante déficit" en la plantilla de funcionarios de justicia que han de proveer los órganos judiciales de Andalucía e incluso "un menos justificado déficit" en su bolsa de funcionarios interinos, con "singular y grave incidencia" en las provincias de mayor número de puestos de trabajo, como son, por este orden, Sevilla, Málaga y Cádiz.
"Consecuencia de ello es, según los datos ofrecidos por las Delegaciones Provinciales de Justicia, que entre junio de 2006 y junio de 2008 se contrataron y actuaron nada menos que 833 personas demandantes de empleo, el 75'3 por ciento de ellos en puestos de gestión o tramitación", se señala.
De igual forma, el TSJA, que ha basado el informe en los resultados de una encuesta realizada a jueces, magistrados y secretarios judiciales y en los datos aportados por las Delegaciones Provinciales de Justicia, incide en que la Administración autonómica se ha visto en los últimos años, desde 2005 y sobre todo de manera generalizada a partir del año 2006, "incapaz de dotar de plantillaapropiada cada uno de los Juzgados de nueva creación" que, entre el 20 de junio de 2006 y el 28 de diciembre de 2007, fueron en Andalucía 28 Juzgados, doce de ellos de Violencia sobre la mujer.
No es la única consecuencia que produce ese "grave déficit funcionarial a nivel organizativo y estructural". "La falta de recursos humanos, la estanqueidad producida desde la Administración Estatal" -por la no convocatoria de oposiciones o su retraso- "a la espera de unas definitivas relaciones de puestos de trabajo desde las que construir el modelo de oficina judicial, ha frenado, por no decir paralizado, una política de planificación de personal que, desde años atrás, exigía imperiosamente corregir las desfasadas e insuficientes plantillas de funcionarios en numerosos órganos judiciales".
Registro Civil
Por otro lado, el que en todos los Partidos Judiciales, generalmente, uno de los dos Juzgados de los que tienen su sede fuera de la capital de provincia se vea obligado a atender el Registro Civil "implica un mínimo de un funcionario para su llevanza que, en algunos casos, incluso, es insuficiente, y en otros distorsiona las escasas plantillas y genera agravios cuando no, y especialmente en Partidos con Juzgados únicos, ya cada vez más escasos (sólo 9 en Andalucía), un sobreesfuerzo añadido en que cualquier baja, licencia o permiso repercute gravemente en la actividad y rendimiento de esas oficinas".
Solamente los dos Registros Civiles únicos (Málaga y Sevilla) concentran 106 funcionarios. La plantilla de Málaga, agrega el informe, es "insuficiente", y "también lo es en numerosos Partidos que precisan incremento y que han de verse frecuentemente ayudados con medidas de refuerzo".
"Entre todos los demás Partidos Judiciales, algo más de otros 120 funcionarios, son destinados para atender estas oficinas de Registro Civil, prácticamente los mismos que acaparan las capitales de Málaga y Sevilla. Una racionalplanificación de estas oficinas exigiría una disponibilidad superior a los 300 funcionarios", indica.
En las encuestas realizadas los participantes en el estudio consideraron precisa la creación de 1.245 nuevos puestos de trabajo, de ellos el 48% -596 plazas- en Partidos Judiciales con sede fuera de la capital de provincia, especialmente en Cádiz (178).
El incremento total oscila entre las 76 plazas que se interesan por los órganos judiciales de Jaén a las 282 que demandan los de Sevilla, "acuciante demanda y necesidad, mínimamente solventada en los últimos años con numerosas, relativamente, medidas de refuerzo con las que paliar una grave situación que exige una reacción rápida de las Administraciones competentes en una Oferta de Empleo Público".
El estudio de campo, realizado por provincias, según explicó Méndez de Lugo, será remitido al Ministerio de Justicia.
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