Así, el sindicato CSIF -que se pronunció en términos similares a Ustea o Safja-, censuró ayer el preacuerdo alcanzado entre la Junta, CCOO y UGT sobre este decreto-ley, al que niega “cualquier legitimidad”, según un comunicado de esta organización sindical.
Para CSIF, la Junta y sus “sindicatos amigos” han desoído con este preacuerdo el “clamor” de los empleados públicos en contra del decreto-ley, cuya derogación inmediata sigue reclamando este sindicato.
“Negamos absolutamente cualquier legitimidad a este preacuerdo por haber sido adoptado de espalda a los empleados públicos y por aquellas organizaciones sindicales menos representativas entre los funcionarios andaluces”, enfatizó CSIF en su comunicado.
Tras anunciar que mantendrá su “batería” de medidas judiciales contra esta reforma porque, según CSIF, “materializa la consolidación y blanqueo de la administración paralela de la Junta”, este sindicato señaló que las “filtraciones” del preacuerdo evidencian que “ninguno de los numerosos aspectos conflictivos y objeto de litigio ha sido corregidos”.
“Lo que está en juego es una prestación de servicios a la ciudadanía en condiciones de objetividad e imparcialidad que recaerían en manos de trabajadores sujetos a una discrecionalidad política que respondería a intereses o presiones partidistas en la aplicación del Derecho Público”, añaden.
CSIF entiende que el decreto-ley “propicia” la privatización de servicios públicos y supone “una operación de blanqueo del empleo clientelar de 35.000 trabajadores, familiares y allegados del partido que sustenta al Gobierno andaluz, con lo que se reducirán y anularán durante años las Ofertas de Empleo Público”.
Según el preacuerdo, firmando según la Junta con los sindicatos presentes en la Concertación, la modificación contempla la “subrogación” de los trabajadores procedentes de empresas públicas, fundaciones y otros organismos que se incorporen a las nuevas agencias, cuyo desarrollo reglamentario o estatutario deberá ser negociado entre “las partes firmantes de este acuerdo”.
Sobre la Agencia Andaluza del Agua, se establece que una vez extinguida, se integrará en la estructura de la Consejería de Medio Ambiente, con criterios negociados con los firmantes a partir de los que se modificará la Relación de Puestos de Trabajo.
Asimismo, el personal funcionario y laboral se integrará, “en todo caso, con carácter voluntario” en las agencias públicas empresariales y “serán subrogados en todos sus derechos en aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores”.
Mientras, el Gobierno andaluz considera que con el preacuerdo con UGT y CCOO sobre el decreto de reordenación del sector público “se eliminan las dudas interpretativas” y aclaran todas las cuestiones que se han planteado y “han dado pábulo a la manipulación más torticera de los últimos tiempos” en Andalucía.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, indicó ayer en el Parlamento que la actuación del Gobierno andaluz se ha desarrollado bajo los principios de negociación y diálogo permanente con los representantes del sector público, aunque admitió que se ha producido “en un contexto difícil” por la huelga general del 29-S.
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