Griñán, que fue recibido en el conservatorio de Jaén, donde inauguró los nuevos estudios superiores de Música, por medio centenar de empleados públicos con pancartas de CCOO, USO y CSIF, quiso aclarar “muchas cosas, porque se están difundiendo por la red, en el boca a boca, y en la comunicación interna muchas mentiras”, al respecto.
Así, aseguró que “ningún personal o funcional laboral de la Junta de Andalucía va a perder su puesto de trabajo”, que “todo funcionario va a seguir siendo funcionario, trabaje en el organismo que sea, organismos centrales, periféricas u organismos autónomos”; que “todo personal laboral va a mantener su convenio colectivo hasta que se renueve o mientras no se renueve”; y que “ninguna persona se hará funcionario en la Junta de Andalucía sin las pruebas correspondientes”.
Para el presidente andaluz, “esto debe quedar muy claro y no difundirse falsos rumores” sobre ello porque “ese es el compromiso de la Junta de Andalucía”.
Griñán también insistió en que él lee “Facebook y la red, y veo que se está mintiendo” por lo que se ha visto “en la obligación de decir que hay gente” que está “mintiendo intencionadamente a los empleados y funcionarios públicos diciendo cuestiones que ni están escritas en ninguna norma, ni en la voluntad de ningún dirigente político de la Junta de Andalucía”.
Por último se dirigió a los periodistas para decirles “que si tienen la honradez de trasmitir esta información” les asegura que la gente “puede movilizarse cuantas veces quieran, pero no con mentiras, porque se está engañando a los funcionarios y al personal laboral”.
La web del decreto
El mismo día que Griñán hacía estas declaraciones, la Consejería de Hacienda y Administración Pública ponía en marcha un portal para explicar a los empleados públicos el decreto de reordenación del sector público, cuyo objetivo es informar con “transparencia” sobre los contenidos del mismo.
El portal, cuyo enlace está colgado en la web del Empleado Público, incluye una introducción, explica la normativa y contiene tanto un buzón de sugerencias como un enlace con preguntas y respuestas sobre el decreto ley.
“Nace con la voluntad institucional de ofrecer información corporativa sobre los objetivos institucionales que se pretenden alcanzar mediante la aplicación del decreto ley”, explica la Consejería, que justifica el mismo en la doble “vocación” de adaptar su estructura al Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Contratos del Sector Público y la adaptación a la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, y al “compromiso de la sostenibilidad” de las finanzas públicas.
Mientras, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, confirmaba ayer que será el próximo 27 de octubre cuando presenten el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de reordenación del sector público andaluz y por el que este partido cree que quiere “blindar” a 20.000 empleados externos de la administración convirtiéndoles en fijos.
Arenas, que denunció que el decreto de aprobó “con nocturnidad y alevosía”, censuró que el Gobierno andaluz adopte esta decisión sin ni siquiera saber el número de empleados de las empresas públicas, algo que ha solicitado el PP en numerosas ocasiones a través de iniciativas parlamentarias.
El recurso será firmado por los diputados del grupo parlamentario del PP en el Congreso, según Arenas, quien dijo que el decreto es una “medida antirreformista” cuyo principal objetivo es “institucionalizar una administración paralela construida para eludir el derecho administrativo” para las contrataciones.
En líneas generales, las motivaciones del recurso son que se “lesionan” los derechos de los funcionarios; que se trasladen a trabajadores que no son funcionarios “potestades” que corresponden solo a los funcionarios; que la medida no es “extraordinaria ni urgente” para adoptarse en forma de decreto ley; y que no ha sido debatido en la Mesa Sectorial de la Función Pública.
El recurso del PP se va a presentar después de que esta formación haya analizado varios informes de los servicios jurídicos que había encargado y tras recibir otros por parte de organizaciones sindicales.
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