En un comunicado conjunto, ambas recordaron que el próximo 31 de diciembre de 2010 se cumple el plazo dado por la Audiencia Nacional a Fertiberia para que cese sus vertidos contaminantes a las marismas del Tinto, y entonces, la empresa deberá devolver los terrenos de Dominio Público que ocupa y restaurar la zona.
Según el auto de la Audiencia Nacional, de fecha 14 de diciembre de 2009, para garantizar esto impone una fianza a Fertiberia de veintiún millones de euros para sufragar los costes de la descontaminación.
Las organizaciones informaron de que esta fianza “no se aporta de forma voluntaria” y que a día de hoy, la empresa no ha depositado el aval que garantizaría el desalojo y regeneración ambiental.
Según WWF y Greenpeace, las denuncias realizadas por estas organizaciones y otros colectivos de Huelva sobre la vulneración de las directivas sobre “control integrado de la Contaminación (IPPC) y de residuos peligrosos” han sido respaldados por los expedientes e informes emitidos tanto por la Comisión como por el Parlamento europeo.
Añaden que esas directivas están vigentes en Europa desde hace más de una década, pero que “son reiteradamente incumplidas por Fertiberia ante la pasividad de la Junta de Andalucía”.
En el comunicado se recuerda que los fosfoyesos son “residuos industriales tóxicos y ligeramente radiactivos”, como determina el último informe de la Comisión de Peticiones del PE tras su visita a Huelva.
Añaden que los fosfoyesos “no sólo han contaminado las marismas del Tinto, sino que han alcanzado la desembocadura del Odiel” y requieren una descontaminación correcta de la zona y un sistema de vigilancia en tiempo real sobre la contaminación del suelo, el aire y el agua.
WWF y Greenpeace aseguran que la solución propuesta por la la empresa de cubrir con tierra estos residuos “está totalmente desaconsejada y supone la peor de las alternativas posible en cuanto a restauración”.
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