Telefónica España ha puesto en marcha un ambicioso plan de reestructuración que comienza con el cierre de 13 de sus centros de trabajo, impactando inicialmente a 17 empleados. Este es solo el comienzo de un proceso más amplio que prevé afectar a un total de 266 empleados en 108 localidades, especialmente en el área de Operaciones y Red. Las localidades afectadas en esta primera fase incluyen El Ejido en Almería, San Fernando en Cádiz, y varias en Santa Cruz de Tenerife, Girona, Tarragona, Alicante, Valencia, Madrid y Navarra. Los empleados de estos centros serán trasladados a instalaciones en las capitales de provincia, centralizando así las operaciones.
Las razones detrás de esta decisión, según han informado fuentes sindicales, consultadas por Cinco Días se relacionan con los cambios tecnológicos y la necesidad de una mayor cohesión en los equipos de trabajo. Sin embargo, esta reubicación ha generado controversia, ya que sindicatos como CC OO y UGT han manifestado su oposición a las movilidades forzosas.
En un contexto relacionado, la compañía está inmersa en negociaciones con los sindicatos UGT, CC OO y Sumados para establecer un nuevo convenio colectivo (CEV). Este convenio incluirá un plan de salidas voluntarias, que, según se especula, podría ser un incentivo para que más empleados opten por esta salida. UGT, en un comunicado, ha resaltado que Telefónica está interesada en adecuar el excedente funcional de los puestos de trabajo, buscando una adaptación más precisa de la plantilla a las necesidades actuales del mercado y la empresa.
Sin embargo, fuentes del sector no descartan la posibilidad de que Telefónica opte por un expediente de regulación de empleo (ERE). Históricamente, los ERE han sido una herramienta utilizada por la compañía antes de 2015 y son considerados más beneficiosos para los trabajadores desde el punto de vista fiscal.
Los planes de bajas voluntarias (PSI), que han sido parte integral de los convenios CEV desde 2015, podrían afectar hasta un máximo de 5.000 trabajadores, aunque las estimaciones actuales sugieren que el número real de salidas podría estar entre 2.500 y 3.000. Estas cifras reflejan la magnitud de los cambios que la empresa está dispuesta a implementar para responder a los desafíos actuales del mercado.
UGT ha enfatizado la importancia de definir un marco laboral sólido para el período 2024-26, especialmente en un momento marcado por la incertidumbre y la necesidad de adaptación ante la regulación del sector y la competencia del mercado español. Por su parte, el sindicato Sumados ha puesto el foco en alcanzar un convenio de larga duración que garantice estabilidad a la plantilla y permita superar las dificultades actuales del sector.
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