En declaraciones a Europa Press, el delegado de Empleo en Huelva, Eduardo Muñoz, ha recalcado la importancia de estas ayudas para "afianzar la estabilidad laboral" de los trabajadores en empresas de la capital, Almonte, Chucena, Escacena, Moguer, La Palma, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto, Lepe, Aljaraque, Aracena, Cortegana y Gibraleón.
Del mismo modo, ha explicado que para recibir estas subvenciones, la entidades han tenido que calificarse como I+E con el impulso y el apoyo de un Consorcio UTDLT o una corporación local con el fin de crear actividad económica y generar puestos de trabajo en su ámbito territorial.
Además, debe tratarse de empresas de nueva creación y que su ámbito de actuación esté relacionada con actividades económicas emergentes o tradicionales si no están cubiertas en la zona donde se asientan, así como reunir condiciones de viabilidad técnica, económica y financiera, entre otros aspectos.
El delegado provincial ha destacado que la Consejería de Empleo destina casi 5.000 euros por persona a las empresas calificadas como I+E que realicen contrataciones indefinidas con trabajadores inscritos como desempleados en los dos años siguientes al inicio de su actividad.
VENTAJAS
Asimismo, las cooperativas y sociedades laborales calificadas como I+E tendrán derecho a una ayuda similar por cada socio trabajador que, estando inscrito como desempleado, se integre en las mismas con carácter indefinido, subvención que puede verse incrementada en un diez por ciento si la actividad productiva se inscribe en sectores como la implantación de energías alternativas, la promoción del turismo rural y cultural, la gestión de residuos y el cuidado de niños, personas incapacitadas y mayores.
Además de estas ayudas, se conceden incentivos para apoyar la función gerencial y para la contratación de técnicos de alta cualificación.
En el primer caso, se podrá conceder la ayuda para la contratación de servicios en materia de tutoría gerencial por tiempo determinado, formación sobre la función gerencial, externalización de servicios para la realización de estudios, informes y dictámenes sobre el mercado y la organización de la producción.
En el segundo caso, las empresas deben justificar que con las contrataciones realizadas se cubren carencias bien identificadas para el desarrollo de la actividad empresarial.
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