Fuentes del caso informaron ayer a Efe de que el recurso de la secretaria apela además a las "calamitosas condiciones" de trabajo en el juzgado penal 1 de Sevilla, la carga "insostenible" de asuntos que pesan sobre él y los tres meses que tarda la Junta de Andalucía en suplir las bajas de los funcionarios.
Se trabaja "peor que en el siglo XIX pero con bastantes más causas que entonces", sostiene la defensa de la secretaria judicial, suspendida dos años de empleo y sueldo por no haber ejecutado el ingreso en prisión de Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, para cumplir 21 meses de cárcel por abusar de su propia hija.
Por estos mismos hechos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso una sanción de 1.500 euros al titular del juzgado, Rafael Tirado, en una resolución que será debatida el próximo día 17 por el plenario del órgano de gobierno de los jueces.
El recurso de la secretaria critica, además, la presunta "desviación de poder" acontecida en la tramitación de la sanción, pues la instructora del expediente había propuesto una suspensión de seis meses y el mismo día en que se conoció la multa al juez Tirado el Ministerio de Justicia anunció que se había elevado a dos años, sin que el expediente le hubiese llegado oficialmente.
Desde el punto de vista material, el recurso hace alusión al "caos" del juzgado penal 1 de Sevilla, donde "es imposible trabajar, hay causas amontonadas en las mesas y en los quicios de las ventanas porque ni siquiera caben en los armarios y en el pasillo".
El abogado de Gálvez, Ramón Entrena, dijo ayer a Efe que su recurso se encuentra ya en poder del titular del juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional y ha añadido que según el calendario normal de señalamientos la vista no podrá celebrarse hasta dentro de unos 15 meses.
No obstante, el juzgado se pronunciará antes sobre otra de las peticiones del letrado, que es dejar en suspenso la sanción, pues en caso de que se ejecute provisionalmente supondría el "perjuicio añadido" de que la plaza saldría a concurso y Gálvez perdería el destino.
El letrado considera en su recurso que la sanción debe quedar en un apercibimiento y, como máximo, en una suspensión de diez días de empleo y sueldo.
Entrena apela además al "disparate legal" de que "la sanción al segundo escalón del juzgado sea más fuerte que para el primero" y que se impute a Gálvez un incumplimiento de funciones que aún no están definidas, pues la implantación de la nueva Oficina Judicial se encuentra en una situación transitoria.
También hace alusión a que en la causa estuvieron personados el fiscal y la Junta de Andalucía, sin que nadie se preocupase no ya de la ejecución de la sentencia, sino siquiera de preguntar por ella.
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