Según explicó ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, el objetivo de esta reorganización no es “la reducción de los entes instrumentales en si misma”, sino consecuencia de la implantación de “un principio de mayor eficacia y eficiencia”, buscando la excelencia y sin que eso suponga ninguna pérdida de empleo, defendiendo en varias ocasiones el volumen de la Administración andaluza. “La premisa fundamental es que la reducción del número de entidades instrumentales no perjudique el nivel de prestación de los servicios públicos de la Junta”, sentenció.
La mayor parte de las nuevas agencias se configuran con la agrupación o absorción de entidades con fines similares, buscando la eficiencia y la eficacia en la gestión, la reducción de costes y el aprovechamiento de sinergias de organización o bien de territorio.
Así, en la Agencia de Obra Pública se fusionarán Gihasa y Adif, que gestionan las infraestructuras y ferrocarriles en la Comunidad, dando mayor homogeneidad a las contrataciones; mientras que también se fusionarán Egmasa y la Agencia del Agua en una agencia que gestione las políticas medioambientales e hídricas, lo que comportará una mayor seguridad jurídica para los terceros y mayor eficacia administrativa.
DAP SA, hasta ahora sociedad mercantil, se transformará en agencia pública capaz de ejercer potestades administrativas ligadas a la gestión de las competencias agrícolas, como son las de fomento o control, mientras desaparecerán el IARA y las Cámaras Agrarias, integrando sus funciones en la nueva agencia.
La agrupación más numerosa se producirá en la nueva Agencia que gestionará las políticas de empleo, tanto en formación como en asistencia al desempleados, integrando al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Fundación Faffe, y las 95 Utedlt.
En el área de economía, innovación y Universidades la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, Citandalucia y Talentia se reagrupan en la Agencia del Conocimiento, mientras en la Agencia IDEA se integrará Fagia.
Otra agencia de nueva creación será la de Instituciones Culturales, que agrupará a todas las instituciones de ese ámbito, incluido el Patronato de la Alhambra; mientras que la nueva Agencia de la Dependencia integrará las fundaciones FASS y Fadais.
En materia de sanidad, se creará una Corporación de entes de gestión hospitalaria a partir de la atribución del carácter de cabecera de grupo a la Empresa Pública Hospital Costa del Sol, que permitirá economías de escala, de manera significativa en la adquisición de suministros, de gran importancia en este sector, según Martínez Aguayo.
Las sociedades mercantiles Turismo Andaluz, Itasa y Deporte Andaluz se fusionará en una sola, Turismo y Deporte Andaluz, para ahorrar costes de gestión y focalizar el gasto público hacia políticas de promoción.
Por último, un nuevo ente gestionará la Red Logística de Andalucía, agrupando a los centros de transportes de mercancías de Sevilla y Málaga, el Parque Logístico de Córdoba SA y la Zona de Actividades Logísticas Bahía de Algeciras, ente al que se incorporarán todas las áreas logísticas futuras.
Con esta primera fase se va a actuar sobre el 43,3% de las 254 empresas o entidades públicas de la Junta, lo que supondrá la eliminación de 110 entes y la modificación de la personalidad jurídica de 14 por transformaciones derivadas de su reordenación.
Además, la presencia de las actuales agencias o entes públicos en las capitales de provincia y en los municipios de más de 100.000 habitantes se concentrarán en un mismo edificio.
La subida del IRPF afectará a 23.500 contribuyentes
El impacto económico de todas las medidas referidas al IRPF que la Junta aplicará a partir de 1 de enero de 2011 -con las que recaudará 31,3 millones- afectará a unos 23.500 contribuyentes de la comunidad, la mayoría de las denominadas rentas “altas”, es decir a partir de los 80.000 euros anuales.
En su conjunto, los nuevos impuestos supondrán un incremento de ingresos entre 900 y 1.200 millones en el período 2010-2013, según dijo en el Parlamento la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que acusó al PP de “mentir” cuando dice que la subida de impuestos afectará a todos los andaluces.
“El PP intenta confundir y ha utilizado un documento de trabajo que se distribuyó a la prensa por un error humano”, lamentó.
Las medidas -aseguró- son “progresivas, medioambientales, de solidaridad del sistema financiero y equitativas”, al tiempo que buscan “controlar el fraude fiscal”.
Convalidada la rebaja salarial a los funcionarios
El pleno del Parlamento convalidó ayer, con el único voto del PSOE, el decreto ley del Gobierno andaluz por el que se aplica una rebaja salarial media del 5 por ciento en las retribuciones de unos 245.000 trabajadores de la administración autonómica.
Estos recortes salariales no afectan a los trabajadores de las sociedades mercantiles del sector público andaluz (unos 40.000) porque están sujetos a sus respectivos convenios colectivos pero la Junta ha incluido un ajuste del gasto de las sociedades mediante la no disponibilidad del 5% de los créditos, con lo que de manera indirecta les obliga a recortar gastos.
La rebaja salarial, que tendrá carácter progresivo, se aplicará en la nómina de junio respecto a las retribuciones del 31 de mayo de 2010 y no afectará a la paga extraordinaria del mes próximo.
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